La demanda que Physician Correctional presentó contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) no detiene el trámite que la agencia inició para buscarle un sustituto, precisó este miércoles el secretario Francisco Quiñones, quien, de paso, reveló que 11 compañías ya recibieron información tras mostrar interés en administrar y operar los servicios de salud para la población penal en Puerto Rico.

“Nosotros no nos detenemos. No podemos descansar buscando lo mejor para la población correccional, sea en el tema de salud, sea en el tema de alimentos, sea en el tema de rehabilitación. Así que nosotros no vamos a descansar. Seguimos pa’lante”, puntualizó Quiñones, a preguntas de la prensa, en una conferencia en el Complejo Correccional 501, en Bayamón.

“No puedo hablar de propuestas, porque todavía estamos en ese proceso abierto. Pero sí les puedo compartir que comparecieron 11 empresas a la orientación que se les brindó. Visitaron las instituciones. Visitaron las áreas médicas. Visitaron el Centro Médico Correccional. Estamos hablando de 11 empresas; pudieran aparecer más o pudieran finalmente someter menos, pero estamos en eso”, abundó.

Informó, además, que la convocatoria que el DCR abrió para empresas interesadas –colgada en la página de la agencia– cierra el 21 de julio.

El 1 de julio, Quiñones envió un aviso de intención de cancelación de contrato a los directivos de Physician, cuyo desempeño comenzó a ser cuestionado por diversas voces desde el feminicidio de Ivette Joan Meléndez a manos de Hermes Ávila Vázquez, quien fue dejado en libertad mediante un pase de salud al fingir que no caminaba y ser “evaluado” por un panel médico de la empresa.

Physician respondió con una demanda contra el DRC y la gobernadora Jenniffer González, quien hoy estaba al lado del secretario mientras se expresaba. La empresa alega que la cancelación es “arbitraria e ilegal” y responde a “discrimen político”.

Quiñones ha dicho que el caso de Ávila Vázquez incidió en la cancelación del contrato. En la conferencia, aseguró que hay más casos que cuestionan la labor de Physician.

Mencionó, por ejemplo, que recibió “una queja de una madre” de un confinado, de 24 años, que confrontaba problemas con una muela hace un año y no había sido atendido. Contó que acudió a la institución penal, en Ponce, “a la celda del confinado”, y constató la queja, que, al día siguiente, fue resuelta.

“Yo estoy dando ejemplos reales. Di uno, pero es más de uno. Eso es vivencial. Eso no me lo contaron. Yo creo que es innecesario Yo creo que los asuntos se tienen que atender indistintamente de que el mensaje le llegue al secretario, y eso yo no lo voy a permitir”, sentenció.

Respecto a la demanda de Physician, Quiñones se reafirmó en que hizo “lo correcto”, al tiempo que fue respaldado por la gobernadora, quien recordó que, por la “negligencia” de la empresa, “murió una mujer” (Meléndez).

“La firma que está ahí en la mía. Estoy convencido de que hice lo correcto en defensa de la población correccional, y esto no se limita al asunto de salud. Voy a estar encima de los proveedores de servicios, sea de alimento, sea quien sea”, anticipó el titular, rechazando que la cancelación haya sido motivada por razones políticas.

Agregó que, próximamente, se reunirá con el exsenador independiente José Vargas Vidot para hablar de este asunto, ya que él lo investigó mientras ocupó el escaño.

Durante la conferencia, el secretario –junto a la gobernadora y otros funcionarios electos– anunció la nueva Ley 60 de 2025, que amplía las tareas que confinados de mínima y mediana seguridad podrán ejecutar, con el fin de impulsar su proceso de rehabilitación.

El estatuto –de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz– enmienda la Ley 166-2009, conocida como “Ley de Contratación de Confinados para la Realización de Diversas Tareas como parte del Proceso de Rehabilitación y Reinserción a la Libre Comunidad”.

La nueva ley no solo amplía los trabajos que los confinados pueden hacer, sino que también permite su aplicación en la empresa privada y organizaciones sin fines de lucro. Es decir, con la enmienda, los reos no solo podrán ser destinados –en el gobierno, la empresa privada y las organizaciones sin fines de lucro– a ornato y limpieza, sino también a actividades agrícolas, sellado de techos, construcción, lavado y mantenimiento de automóviles pertenecientes a la flota vehicular gubernamental, entre otras tareas.

Quiñones explicó que solo trabajarán aquellos confinados que lo deseen y, a cambio, reciben una paga que, si es del gobierno, es de $5.00 por hora, y bonificación en sus respectivas sentencias. La Oficina de Colocación de Empleo del DCR se encarga de dirigir a los confinados a un empleo.

“Aquí, no vamos a permitir la explotación. Nos vamos a asegurar, con el Departamento del Trabajo, de que se les garanticen todos sus derechos”, sostuvo, cuando se le preguntó sobre el tipo de relación que habría entre patronos y confinados.