La cancelación del contrato de Physician Correctional para servicios de salud a la población penal –vigente hasta septiembre de 2028– está cerca de concretarse tras un exhaustivo análisis legal en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), informó este jueves el secretario Francisco Quiñones Rivera.

“Estamos en una etapa final. Creo que tenemos noticias en los próximos días. Nosotros tenemos que hacer una notificación, conforme al contrato, a esa empresa. A partir de esa notificación, tenemos que darle 30 días. A la misma vez, vamos a estar emitiendo unos avisos solicitando propuestas y eso va a materializar que tengamos un suplidor”, reveló el titular, en la sesión semanal “En Récord”, en La Fortaleza.

Al recalcar que están “bien adelantados” en vías a la cancelación, Quiñones Rivera dijo que el aviso para nuevos proveedores para administrar el sistema de salud en las cárceles se compartirá, “en menos de un mes”, a través de las redes sociales de la agencia para no incurrir en otros costos.

“Una vez publiquemos esos avisos, hay un período inicial para que los proponentes puedan obtener información del DCR, hacer preguntas. Vamos a preparar un folleto informativo para que lo recojan. Después, tienen 10 días para someter propuestas”, explicó.

Señaló, a su vez, que, al escoger un nuevo proveedor de servicios, les será posible “rescindir” el contrato de Physician Correctional.

Tras seis meses analizando cómo cancelar dicho acuerdo, indicó, buscaron que la movida no conlleve una penalidad.

“Si es justa causa, como nosotros proponemos, no hay (pena). Ese fue el principal análisis que tomó bastante tiempo. Este análisis legal se hizo con los recursos internos de la agencia y con recursos externos”, dijo Quiñones Rivera, quien cuenta con el fiscal Pedro Vargas Echeverría destacado en el DCR.

En mayo, El Nuevo Día dio a conocer que la Oficina del Inspector General (OIG) ordenó al DCR recobrar más de $2.8 millones que la agencia pagó a Physician Correctional por encima de lo estipulado en un contrato de servicios y sin justificación.

Específicamente, la OIG evaluó 13 contratos y 233 facturas, por un total de $73,646,913.81, desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 30 de junio de 2024. Por su parte, la empresa defendióque prestó los servicios por los cuales facturó.

Desde que transcendió el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega a manos del confinado Hermes Ávila Vázquez, quien fue dejado en libertad por medio de un pase de salud al fingir que no caminaba y ser “evaluado” por un panel médico de Physician Correctional, tanto legisladores como líderes políticos han exigido la cancelación del contrato con la empresa.

Pese a que la pasada secretaria, Ana Escobar, dijo que no recomendaría la salida de Physician Correctional, su sucesor, Quiñones Rivera, ordenó, tan pronto llegó el cargo, una investigación “minuciosa” del contrato, como parte de la promesa de campaña de la gobernadora Jenniffer González para cancelarlo.

Mientras tanto, los familiares de Meléndez Vega –incluidos sus dos hijos– presentaron una demanda, a mediados de abril, por $41 millones contra el gobierno, funcionarios correccionales, Physician Correctional y los doctores que evaluaron a Ávila Vázquez y concluyeron que padecía una supuesta condición de paraplejia que lo hacía elegible para la excarcelación.