El acuerdo multianual pactado con New Fortress Energy (NFE) para el suplido de gas natural licuado (LNG, en inglés) permitirá que, a futuro y en determinados escenarios, otras empresas entreguen combustible a través del terminal que, por medio de alquiler, la gasífera administrará hasta 2038, de acuerdo con un comunicado de La Fortaleza.

La cuantía estimada del contrato de siete años –con opción de extensión por tres años adicionales– asciende a $4,000 millones, una reducción de 80% respecto al monto de $20,000 millones que se proyectaba representara el acuerdo previo de 15 años, que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) rechazó en julio.

Según la gobernadora Jenniffer González, la nueva versión del contrato de suministro, que deberá pasar el cedazo de la JSF, eliminó cláusulas de “exclusividad” que contenía el pacto anterior.

Al concluir las discusiones entre NFE y la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés) –que tramitó las negociaciones a nombre de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP)–, se dispuso que otros suplidores podrán acceder al terminal que la gasífera controla en la bahía de San Juan, a un costo de 50 centavos por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu), “en caso de que NFE no pueda entregar el gas natural”.

Según el parte de prensa de la gobernadora, se trata de un importe “que compara con estos costos en terminales similares de la nación (Estados Unidos)”.

El terminal que NFE opera aledaño a la central San Juan es el único donde se regasifica el LNG en la costa norte y su acceso a otras empresas de combustible fue uno de los puntos álgidos de las negociaciones entre el conglomerado y el 3PPO.

Al objetar en julio la versión previa del contrato, la JSF señaló que se otorgaban a NFE garantías poco realistas de consumo de combustible, lo que colocaba al gobierno en riesgo de realizar pagos por LNG que la flota de generación no necesitaría, toda vez que es incierto cuántas unidades de producción serán modificadas en los próximos años para funcionar con gas natural. El contrato sometido a la JSF redujo de 100 a 75 MMBtu las cantidades anuales contratadas y de 70 a 40 MMBtu la garantía mínima de compra a NFE, aseguró La Fortaleza.

Para NFE, el cierre del pacto multianual en Puerto Rico es uno de los puntos cruciales de cara al mercado inversionista, luego de que sus acciones perdieran más del 95% de su valor desde 2024 y comenzara a prepararse para negociar con sus acreedores.

“Con la protección de los intereses del pueblo como norte, hoy anunciamos que, luego de un proceso de negociación exhaustivo, se logró modificar sustancialmente el acuerdo con NFE el cual provee marcados ahorros al erario y mayores protecciones a la gente”, afirmó González.

“Reconocemos que persisten retos asociados a la situación financiera de NFE, pero el nuevo marco contractual coloca a Puerto Rico en una mejor posición para balancear accesibilidad al gas natural, prudencia fiscal y seguridad energética”, señaló, por su parte, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.

El comunicado, sin embargo, no precisa a cuántas plantas de la flota que administra Genera PR –una subsidiaria de NFE– se destinará el LNG, más allá de las unidades #5 y #6 de la central San Juan y las 14 unidades temporales en esa instalación y la central Palo Seco (Toa Baja). El primer acuerdo disponía que, a futuro, NFE supliría el combustible a todas las instalaciones de generación, con la excepción de la planta de Mayagüez.

La Fortaleza aseguró, en cambio, que el acuerdo redundaría en ahorros de $50 millones anuales, al reducir $10.29 a $7.95 el “adder” (margen) que NFE cobrará por cada MMBtu de combustible para las unidades temporales y mantener en $6.50 el “adder” de las unidades de ciclo combinado #5 y #6, el precio que ha estado vigente desde su gasificación en 2021.

“El uso de gas natural como combustible de transición, además de representar ahorros sustanciales en comparación con el ‘Bunker C’ y el diésel, permite mejorar la eficiencia en la generación eléctrica, reduce emisiones y costos de mantenimiento y operación, al tiempo que se avanza hacia un futuro energético más sostenible y alineado con las metas de resiliencia del sistema eléctrico”, afirmó, en el parte de prensa, el zar de Energía y director ejecutivo de la AAPP, Josué Colón.

En entrevista con El Nuevo Día antes que trascendiera la conclusión de las negociaciones con NFE, Colón subrayó que la JSF ha reiterado al gobierno que tiene la facultad de evaluar y aprobar el contrato pese a contar –desde inicios de agosto– con seis vacantes entre sus siete sillas.

“La información que tenemos es que sí, que ellos pueden procesar los asuntos relacionados con los contratos que se lleven a su atención. En ese sentido, al menos la representación que nos ha hecho la Junta, es que las funciones ordinarias continúan”, indicó.