Aunque al negocio que estuvo a nombre de la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, se le adjudica la presunta emisión fraudulenta de más de 1,200 marbetes y sellos de inspección, la gobernadora Jenniffer González dijo este jueves que corresponderá al Departamento de Justicia decidir si remite o no el asunto al Departamento de Hacienda para investigación.

“Justicia es el que tiene que tomar esa determinación (respecto a Hacienda)”, sostuvo la gobernadora, al salir de una reunión, en el Palacio Rojo de La Fortaleza, entre la alta gerencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, alcaldes y legisladores.

Reiteró, en tanto, su determinación de que Justicia sea el que también investigue las irregularidades que se le imputan a Pérez Peña al frente del negocio familiar Yabucoa Auto Service, que estuvo registrado a su nombre hasta finales de 2025.

Previamente, González había dado instrucciones al secretario de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo, para que investigara las alegaciones contra Pérez Peña y le entregara un informe. Pero, repentinamente, dijo ayer, miércoles, el funcionario optó por remitir su informe a Justicia.

“Hay dos querellas radicadas en el Departamento de Justicia. Debe ser el Departamento de Justicia el que investigue, con celeridad, todas las alegaciones, todas las imputaciones y los trámites y los documentos”, recalcó la mandataria.

Se refirió, específicamente, a los pedidos de investigación de los representantes Ramón Torres Cruz y Swanny Vargas Laureano, del Partido Popular Democrático (PPD), contra la secretaria de la Vivienda. El portavoz alterno del PPD en la Cámara de Representantes, Domingo Torres García, también pidió a Justicia investigar posibles violaciones de Pérez Peña al Código Anticorrupción y represalias contra los empleados que denunciaron las supuestas irregularidades.

Pero, mientras la pesquisa sigue su curso, González defendió nuevamente a Pérez Peña, quien, previo a ocupar la jefatura en Vivienda, fue comisionada electoral alterna del Partido Nuevo Progresista y subdirectora de Distrito en la Oficina de la Comisionada Residente cuando la gobernadora ocupaba ese cargo.

“No se le ha imputado absolutamente nada sobre su función como secretaria de la Vivienda”, afirmó.

Cuando se le cuestionó sobre el carácter moral de la secretaria, al amparo de las imputaciones y el hecho de que maneja la cartera más grande de fondos federales en el gobierno, González dijo que se trata de “la opinión que puedan tener dos legisladores populares que radicaron una querella y que está atendiendo, en este momento, el Departamento de Justicia”.

“Y yo lo que sí pido es que el Departamento de Justicia entreviste a todos los que tenga que entrevistar, revise todos los documentos que tenga que revisar y los trámites que se hicieron, como parte de su función, previo a ser secretaria de la Vivienda”, enfatizó.