Los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que pasaron a otras dependencias del gobierno como parte de la transición con el consorcio LUMA Energy podrán seguir aportando al Sistema de Retiro de la corporación pública.

Así lo determinó hoy, miércoles, la Junta de Gobierno de la AEE tras ratificar –de forma unánime– una resolución de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro, que cambió la definición de “empleado activo”.

Con el cambio de definición, los empleados de la AEE –movilizados a otras agencias, corporaciones públicas o municipios, por ejemplo– podrán seguir haciendo sus aportaciones al Sistema de Retiro de la corporación pública, que, aunque tiene sus retos fiscales, está en mejor condición que el del gobierno central.

“Los empleados de la Autoridad podrán mantener su status como empleados activos”, dijo el subdirector ejecutivo de Administración, Jaime López, al presentarle la resolución a la Junta de Gobierno y pedirle que la ratificara.

El organismo rector de la AEE también ratificó unánimemente cambiar la composición de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro, tal como lo aprobó dicho ente.

A partir de ahora, la silla que solía ocupar el director ejecutivo de la AEE la tendrá un miembro nombrado por la Junta de Gobierno. En total, la composición final de la Junta de Síndicos, de ocho miembros, será de la siguiente forma: tres escogidos por los miembros del Sistema de Retiro, cuatro designados por la Junta de Gobierno y un jubilado.

La Junta de Gobierno de la AEE tomó sus determinaciones durante una reunión en la que Efran Paredes presentó su renuncia como director ejecutivo de la corporación pública y Josué Colón fue escogido como su sustituto.

En la reunión, el presidente y principal oficial ejecutivo (CEO, en inglés) de LUMA, Wayne Stensby, defendió la gestión del consorcio desde que, el pasado 1 de junio, asumió el control del sistema de transmisión y distribución.

“La llegada de LUMA fue retante. Como he dicho antes, el proceso de transición fue difícil y frustrante, porque se nos negó información, nuestros empleados fueron hostigados y se nos prohibió el acceso a muchos lugares. Hubo intereses que hicieron todo lo posible por detenernos, pero salimos adelante”, dijo el ejecutivo.

“Tenemos mucho trabajo y, literalmente, estamos empezando”, agregó.

Según Stensby, en sus primeros 100 días de gestión, LUMA ha logrado que las conexiones al programa de medición neta (energía renovable en las residencias y comercios) se hagan siete veces más rápido que bajo la AEE. También adujo que el reemplazo de postes se está haciendo cuatro veces más rápido que antes y que en los centros de atención al cliente se contestan 10 veces más llamadas.

“A pesar de los éxitos, es bien difícil celebrar por las constantes interrupciones y apagones para los clientes por los problemas de generación. Reconocemos que los apagones no son solo un inconveniente para los clientes, sino que ya están causando un impacto económico. Al final, los clientes están pagando por un servicio eléctrico que no es confiable”, manifestó el CEO de LUMA.

Por otro lado, Stenbsy insistió en que el aumento de 2.49 centavos en la factura de luz solicitado para el último trimestre del año (octubre-diciembre) no responde a gastos incurridos por LUMA, sino en generación, el único directorado que sigue en manos de la AEE.

“(El alza solicitada) es producto de la ineficiencia y de las plantas relativamente viejas de la Autoridad. La magnitud y frecuencia de los apagones actuales son mayores que antes, lo que para nosotros significa que hay que movernos con urgencia y redoblar esfuerzos para la transformación”, dijo, tras describir la llegada de LUMA como “el primer paso” en dicha transformación del sistema eléctrico.

En respuesta a lo esbozado por Stensby, el vicepresidente de la Junta de Gobierno de la AEE, David Owens, indicó que el ente rector está “en completo apoyo” al consorcio.

Entretanto, con la oposición del representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres, el ente rector aprobó la extensión –en tiempo y cuantía– de varios contratos de consultoría externa.

Dos de esos contratos los tiene la firma Sargent & Lundy, que asesora a la AEE en aspectos de infraestructura, energía renovable, generación y combustible, entre otros.

Fernando Padilla, subdirector ejecutivo de Operaciones de la AEE, precisó que ambos contratos se extendieron hasta el 31 de marzo de 2022 por $1.7 millones y $4.3 millones, respectivamente.

Al explicar su oposición, Torres dijo que Sargent & Lundy “necesita probarse a sí mismos y, cuando lo hagan, entonces tendrían mi apoyo”. “Necesitamos resultados”, aseveró.

Otro contrato extendido lo tiene la compañía King & Spalding, que da consultoría legal a la AEE. La nueva fecha de vencimiento también es el 31 de marzo de 2022, por la suma de $3.7 millones adicionales.

Por último, la Junta de Gobierno dio paso a la publicación de una solicitud de propuestas para mejoras en la central Aguirre, en Salinas.