Aunque permanece vigente la orden ejecutiva que concedía la Semana Santa libre a los empleados públicos, diversas instrumentalidades del gobierno continuaron sus operaciones y los trabajadores que no quisieron cargar los días a su licencia de vacaciones se pudieron presentar a sus labores, confirmaron tres líderes sindicales.

Tras el anuncio de la gobernadora Jenniffer González, varias uniones reclamaron que se aclarara que tomar los días libres era una decisión voluntaria de los trabajadores, puesto a que esa especificación no estaba expresamente contenida en la OE 2026-014. Sin embargo, la primera ejecutiva verbalizó, el pasado lunes, que “esto es voluntario para todos los servidores públicos que así quieran hacerlo”.

“No desistieron de la orden ejecutiva, pero en la implantación, cada agencia y cada corporación pública se cuidó de respetar los derechos de los trabajadores. Lo que ha ocurrido es lo siguiente: en la Junta de Planificación y el Departamento de la Vivienda, por ejemplo, decretaron que van a trabajar lunes, martes, miércoles, y el jueves, si hay una persona que quiera cargarlo a vacaciones, pues está en su libertad de poder hacerlo”, explicó Emilio Nieves Torres, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), que representa sindicalmente a sobre 9,000 empleados gubernamentales.

Pese a que cada agencia ha tomado la decisión individual sobre la implementación, escenarios similares se han dado en la mayoría de las instrumentalidades gubernamentales. En otros casos, se ha coordinado algunos días de labores presenciales y en otros de forma remota.

“El derecho de vacaciones es un derecho propietario de los trabajadores. Por lo tanto, son ellos los que determinan. Hay trabajadores que sí van a cargar el día jueves a vacaciones, pero no los cuatro días”, abundó Nieves Torres.

La objeción de los gremios surge en el contexto de que, desde 2017, los días de vacaciones en el gobierno se redujeron de 30 a 15. Además, que en enero también se dieron otros dos días libres con cargo a vacaciones.

En adición, luego que la gobernadora hiciera el anuncio, tuvo que aclarar que hay agencias que ofrecen servicios esenciales, como las escuelas, en las que los empleados no podrían tomar los días libres.

Wilkin López, representante internacional de la United Auto Workers (UAW), recordó que, el año pasado, cuando hubo una decisión similar, algunas de las agencias que representan cerraron y hubo un carácter de obligatoriedad a tomar los días libres.

“Nuestro reclamo es que ellos deben ser claro y transparente al momento de dar instrucciones, porque si lo ponen a discreción o a interpretación de los jefes de agencia, pues ellos van a entender cosas distintas”, explicó el líder del sindicato que representa a alrededor de 5,000 empleados públicos.

“Los días de vacaciones (son) del empleado y los empleados (deciden) como lo acumulan para su disfrute, a su conveniencia, no a conveniencia del patrono”, subrayó López.

Nieves Torres describió la medida de la gobernadora como una “totalmente equivocada”.

“Lo que se dio no fue lo que la gobernadora había anunciado inicialmente de cuatro días libres, cargados a vacaciones. Gracias a objeciones que levantamos, se modificó toda esa política y entonces, en el gobierno en general, se está trabajando”, puntualizó.