El secretario designado del Departamento de la Vivienda (DV), Luis Augusto Martínez Román, se reunirá este viernes, en Washington D.C., con personal del Departamento de Vivienda federal (HUD, en inglés) para elevar ante la agencia estadounidense algunas de sus reservas respecto a la revisión en curso sobre los programas de vivienda subsidiada, que, entre otras cosas, propone establecer límites a la concesión de esa ayuda.

“Estamos de la mano con la Administración de Vivienda Pública (AVP) en este asunto. Yo hoy (jueves) salgo hacia Washington también para adentrarnos en distintos temas que tiene HUD con el Departamento, y obviamente tocaremos este asunto. Estamos bien pendientes, pero nuestra posición es que esto no nos aplica”, expresó a El Nuevo Día, tras comparecer a la vista pública sobre el presupuesto de la agencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.

El titular de Vivienda indicó que sostendrá reuniones con la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés), Gabriella Boffelli, y con personal en la sede de HUD, que no identificó.

“Estamos trabajando responsablemente y enfocados en una sola cosa: en la calidad de vida de nuestros residenciales públicos y de nuestros residentes que viven allí. De nuestra parte, todo sigue igual. Vamos a continuar pendiente a los sucesos en la capital federal pero, por el momento, no hay cambios”, abundó el secretario Martínez Román.

Para ser elegible a los programas de vivienda subsidiada y pública, los reglamentos propuestos por HUD incluyen un requisito de trabajo de 40 horas semanales. Además, permitirían a cada administrador de vivienda pública o dueño limitar esa ayuda o beneficio a un plazo de, por lo menos, dos años.

Otro de los reglamentos busca eliminar la asistencia prorrateada para las familias que tengan, al menos, un miembro del núcleo con estatus migratorio irregular. Igualmente, se eliminaría la notificación de 30 días para desahucio en casos de impago, como era antes de la pandemia de COVID-19. El término de notificación podría ser tan corto como cinco días.

El administrador de la AVP, Juan Rosario Hernández, ha manifestado que la reglamentación propuesta no obliga a las autoridades locales. Aseguró, no obstante, que la mayoría de estas disposiciones ya han sido contempladas bajo la normativa que aplica en los proyectos de vivienda gubernamentales.

Por ejemplo, mencionó que tienen 29 casos en residenciales públicos en los que la composición familiar incluye a personas con estatus migratorio no definido, pero, como el resto son ciudadanos estadounidenses, dijo que “no están en peligro de perder su vivienda”. Asimismo, sostuvo que los procesos de desahucio se pueden tardar hasta 60 días, y no se dan solo por impago en la renta, sino en casos de ofensores sexuales o personas convictas.

“Con dos de ellas, ya nosotros trabajamos, así que, la que quizás pudiese crear mucha controversia o quizás alguna preocupación en nuestra gente, es el término (de al menos dos años de ayudas) y que puedan trabajar. Así que, en cuanto a eso, nosotros aún nos mantenemos atentos y continuaremos entonces informando”, expuso el jefe de la AVP, a preguntas de este medio.

Indicó, además, que este jueves comenzaron a grabar una campaña de orientación para que los vecinos de residenciales públicos comprendan el alcance de los reglamentos propuestos, desde un perspectiva institucional.

La AVP, sostuvo Rosario Hernández, es un Public Housing Agency categorizada como de “high performance” o alto rendimiento, lo que, explicó, les da cierto nivel de discreción sobre algunos reglamentos.

“Esta regla (las propuestas reglamentarias) es una regla discrecional. La política pública de la gobernadora es que no la vamos a acoger. Nosotros vamos a continuar trabajando como estamos, siempre y cuando no sea algo que venga por virtud de ley”, subrayó el administrador, quien confirmó que la AVP aún no ha sometido sus comentarios sobre los tres reglamentos.

Durante la vista de pública, el Departamento de la Vivienda defendió un presupuesto de $3,288,683,000 para el año fiscal 2026-2027, que estaría financiado en un 98.7% por fondos federales. En términos del Fondo General, pidieron $26,790,000.

Aunque el secretario se mostró conforme con el borrador de presupuesto para cumplir con la mayoría de las obligaciones de la agencia, alertó sobre la asignación de $2,387,000 para el Programa de Subsidios de Arrendamiento a Personas de Edad Avanzada con Ingresos Bajos. Vivienda solicitó que esa partida se eleve a $12.5 millones.

“Esta cifra (los $12.5 millones) se encuentra dentro de los parámetros autorizados por la Ley 173-1996 y responde a una proyección realista de la necesidad programática. Permite al Departamento operar el programa de fondo de forma responsable sin incurrir en déficits ni interrupciones en el servicio”, argumentó Martínez Román, al señalar que ya se encuentra en conversaciones con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para hacer el ajuste en esa partida.

El representante Eddie Charbonier Chinea, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, dijo que colaborará para identificar los fondos y que el programa –dirigido a asegurar vivienda digna a los adultos mayores a 60 años– cuente con financiamiento suficiente para continuar su operación.

Mientras, el administrador Rosario Hernández indicó que el presupuesto recomendado para la AVP asciende a $762,714,000, de los cuales el 99.2% corresponde a fondos federales. En el presupuesto estatal, precisarán de $5.8 millones para costear la nómina de 27 empleados.

Las prioridades de la AVP, en el presupuesto, también se centran en continuar la impermeabilización de techos, pintura de residenciales, adquisición de unidades adicionales y optimizar los servicios a los residentes.

El secretario Martínez Román reconoció, en múltiples instancias durante la vista, la necesidad de aumentar la disponibilidad de vivienda asequible.

Mencionó, a modo de ejemplo, que el programa “Continuum of Care”, que promueve la ubicación de personas sin hogar en viviendas permanentes, tiene 168 participantes y aunque todavía hay un remanente de 10 vales –y una lista de espera de 13 personas– no se ha podido distribuir la ayuda porque no se han identificado unidades de vivienda disponibles

Uno de los aspectos a los que apuestan para atender la escasez de vivienda asequible es el uso de espacios ya impactados. El Departamento de la Vivienda ha identificado unas 50,000 unidades abandonadas o en desuso que, según el secretario, podrían ser transformadas en vivienda asequible.

Eso es una iniciativa que aún se encuentra “en desarrollo”, junto a los municipios, que son los facultados para declarar los estorbos públicos. La agencia aún evalúa cómo apoyarlos para acelerar estos procesos.

“Estamos identificando internamente si hay algo que tengamos que actuar, a nivel legislativo, para facilitar los procesos. [...] Es un asunto más de nuestros municipios, pero como estamos haciendo con los fondos federales que los municipios tienen asignados, nosotros le vamos a dar la mano a los municipios para poder agilizar”, destacó el funcionario, quien ya comenzó las reuniones con senadores, de cara a la evaluación de su nombramiento en el Senado.