El director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, señaló este jueves que está “en conversaciones” con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para destinar fondos de una reserva presupuestaria para costear los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) hasta el 22 de noviembre, en caso de que se extienda el cierre parcial del gobierno federal.

“Cualquier reprogramación tiene que ser autorizada por la Junta, pero ya nosotros estamos en conversaciones con ellos y no vemos ninguna situación para que lo denieguen. Es algo que está pasando en todos los estados. Hay estados que han dicho que no tienen los fondos para pagar, así que nosotros tenemos una reserva que podemos tratar de solucionarlo”, dijo, en un aparte con la prensa en La Fortaleza, tras la sesión bisemanal “En Récord”.

La portavoz de la JSF, Sylvette Santiago, indicó a El Nuevo Día que la OGP solicitó “tiempo adicional para trabajar la documentación y preparar un análisis” al ente.

De acuerdo con la OGP, hay 500,479 beneficiarios del PAN que deben recibir el pago en o antes del 10 de noviembre, un desembolso para el que, según la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Gabriella Boffelli, ya se identificaron fondos provenientes de ahorros del Departamento de la Familia.

Otros 749,060 tienen previsto recibir el beneficio, a más tardar, el 22 de noviembre, grupo en el que se concentran las discusiones entre la JSF y la administración de Jenniffer González. Se estima que el costo para realizar esos pagos rondaría los $130 millones.

“Hay una reserva presupuestaria de un 5%, que totaliza $655 millones, que el año pasado era de un 2.5%, y nosotros lo que hicimos fue aumentarla porque conocíamos distintos riesgos que estaban ocurriendo”, resaltó Rivera Berríos, en referencia a los anticipados recortes a programas federales.

Precisó que la OGP mantiene bajo su custodia otros $800 millones destinados a distintos propósitos “no recurrentes”, que no descartó que, eventualmente, también puedan asignarse a cubrir deficiencias en el PAN.

“Puedo hacer una reprogramación y dar prioridad a la situación (del PAN)”, insistió.

Al preguntársele sobre el riesgo de que el gobierno federal no reembolse los fondos estatales usados para el PAN, dijo que, por el momento, el dinero que han identificado corresponde a reservas, por lo que no se afectan partidas comprometidas.

“Veremos día a día. Cuando se apruebe, veremos si realmente será así (que no sea reembolsable). Por lo menos, los fondos que estamos identificando no afectan dar servicios. Son reservas, que realmente, no nos va a afectar si no es reembolsable”, añadió.

En pasados días, el director de la oficina de Desarrollo Rural para Puerto Rico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Nelson Albino, advirtió que el gobierno federal “no está obligado” a reembolsar a los estados y territorios que recurran a sus propios fondos para sufragar beneficios como el PAN y Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés).

Boffelli alertó, por su parte, que, de no haber un acuerdo presupuestario a nivel congresional en o antes de este fin de semana, probablemente, “se volvería más grande el cierre de gobierno”.

El gobierno federal lleva cerrado parcialmente desde el 1 de octubre y el próximo miércoles se convertiría en el más largo de la historia de Estados Unidos, sobrepasando los 35 días que estuvo clausurado durante la primera administración de Donald Trump, entre 2018 y 2019.

“A medida que nos acercamos al 1 de noviembre, ha incrementado la presión a ambos partidos políticos. Evidentemente, la falta de fondos del SNAP afecta a más de 42 millones de personas. Es un tema sumamente crucial, particularmente, porque no todos los estados están en la misma situación que nosotros, que podemos proveer los fondos para darle esa continuidad y seguridad de este plato de comida a los 1.2 millones de beneficiarios en Puerto Rico”, resaltó.

“Nadie esperaba que este fuese un cierre tan y tan largo”, abundó, al comentar que unos 25 estados no tienen la capacidad de suplir los costos de los programas de asistencia nutricional.