Bayamón - El gobierno podrá usar entre $150 millones y $200 millones en fondos federales de Medicaid y del programa de seguro médico para niños (CHIP, en inglés) para proveer servicios de salud a estudiantes en las escuelas públicas, anunció este lunes la gobernadora Jenniffer González.

El dinero será destinado a evaluaciones o terapias del habla, ocupacional, y servicios de salud mental, entre otros, lo que, a juicio de la mandataria y el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, producirá ahorros en la agencia, que se encargaba de cubrir esos servicios.

Según la gobernadora, en años anteriores, el dinero no se utilizaba y se devolvía al gobierno federal. Afirmó que ahora se utilizará el modelo implementado en los estados de Arizona y Florida para darle servicios directos a la comunidad escolar.

“Esto evita la interrupción del servicio al estudiante porque, si tienes un proveedor que se le paga a tiempo, porque el dinero está ahí, corre de manera transparente”, sostuvo la gobernadora, tras recorrer la escuela elemental Marta Vélez de Fajardo, en Bayamón, durante el primer día de clases.

“Esto debe simplificar mucho más el proceso de pago de todos estos proveedores en el área de salud. Y no vamos a tener que devolver esos fondos federales”, agregó.

Junto al secretario de Salud, Víctor Ramos, y al director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Carlos Santiago, González anunció que, en esta etapa del programa, que operará como piloto, solo participarán 101 escuelas, conocidas como las del Siglo 21, por ser las que están en mejores condiciones y cumplen con las guías federales. El próximo semestre, apuntó la gobernadora, expandirán la asistencia médica del programa a los demás planteles del sistema público.

Este viernes, los padres, madres y encargados podrán acudir a las escuelas elegibles para entrevistarse con expertos en Medicaid que evaluarán qué menores cualifican para beneficiarse de CHIP.

La gobernadora precisó que ya los departamentos de Salud y Educación tienen identificados a los menores que reciben servicios de salud, por lo que el trámite se acelera. Solo resta, explicó, verificar que los menores cualifiquen a base de dos criterios: tener ingresos anuales por debajo del nivel de pobreza y ser ciudadanos estadounidenses.

El programa será manejado por el Programa Vital, que administra la ASES. “El impacto fiscal proyectado es de aproximadamente $10 millones en el semestre en curso y hasta $150 millones de agosto a diciembre”, indicó La Fortaleza por escrito.

González anunció la iniciativa tras visitar la escuela elemental Marta Vélez de Fajardo, en la que supervisó el regreso a clases de los estudiantes. La institución es uno de los 70 planteles que cuenta con un programa bilingüe, al que se sumarán otras 15 escuelas este año.