El gobierno de Jenniffer González presentó este jueves una demanda, ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, para dejar sin efecto el contrato vigente con LUMA Emergy, que transfirió al consorcio la administración del sistema de transmisión y distribución eléctrica.

El recurso se centra en la alegada invalidez de una carta suscrita por funcionarios del gobierno de Pedro Pierluisi y directivos de LUMA Energy, el 30 de noviembre de 2022, para extender indefinidamente el Acuerdo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución y los términos suplementarios pactados de manera temporal mientras se dilucidaba el caso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), aún inconcluso.

“La Carta-Extensión, de fecha 30 de noviembre de 2022, es nula, inválida y carente de efecto jurídico, por haber sido suscrita sin la autorización válida de la Junta de Directores de la P3 (Autoridad para las Alianzas Publico Privadas, AAPP), sin Certificado de Cumplimiento Energético, sin aprobación legislativa o ejecutiva, por contener cláusulas prohibidas bajo el Código Civil y por ser contraria a la ley, la moral y el orden público”, indica la demanda de 38 páginas.

Lee aquí la demanda:

En un mensaje televisado, transmitido por la página en Facebook de La Fortaleza, la gobernadora precisó que además de la demanda se presentó una certificación

"

De momento, no había sido posible obtener comentarios del consorcio privado.

El recurso, en el que la AAPP y la AEE figuran como demandantes, plantea que, al momento de llevarse a cabo la votación para aprobar la extensión del contrato, Eduardo Ferrer y Lisa Ortiz, representantes del interés público ante la Junta de Directores de la AAPP, se abstuvieron de votar y, por ende, no procedía la contratación de LUMA porque la Ley de Alianzas Público Privadas estipula que, si uno o ambos representantes no favorecían el acuerdo, no procedía.

Además, el gobierno argumenta que tampoco procede porque no impuso métricas claras de cumplimiento por parte de LUMA ni fecha definida de vencimiento, lo que implica un contrato abierto.

La mandataria, así como el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, habían anticipado que la cancelación del contrato con el consorcio comenzaría antes que finalizara este año.

En entrevista con El Nuevo Día en noviembre, la gobernadora recalcó que el próximo año debía completarse la cancelación del contrato con el consorcio, un proceso que, recalcó entonces, seguía siendo su “prioridad”.

La cancelación del contrato de LUMA Energy fue la punta de lanza que usó la gobernadora desde la contienda primarista, en la que enfrentó a Pierluisi, hasta la elección general en noviembre del año pasado.

Prometió crear la figura del zar de Energía, lo que hizo mediante orden ejecutiva, y el puesto recayó sobre el exdirector de la AEE Josué Colón, a quien también designó jefe de la AAPP.

En diciembre de 2024, previo a llegar al poder, la gobernadora dio vida al Comité de Trabajo para la Transformación Energética de Puerto Rico, que estudiaría a fondo cómo rescindir el contrato y buscar posibles operadores.

Aunque no ha mencionado nombres, González ha dicho públicamente que, al menos, tres compañías estadounidenses están interesadas en sustituir a LUMA Energy.