A casi una década de la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), juristas desglosaron este sábado los efectos de la ley Promesa en menoscabo de la Constitución y las tres ramas del gobierno de Puerto Rico mediante un organismo que ya ha objetado 10 estatutos locales y paralizado otras decenas de proyectos, entorpeciendo el trabajo de la Asamblea Legislativa y demostrando una vez más, a juicio de los expertos, el poder colonial de Estados Unidos sobre el archipiélago.