El gobernador Pedro Pierluisi aseguró este viernes que, pese a las objeciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a la extensión legislada a la tarifa que aplica a consumidores que exportan la energía que producen, no habrá ningún “cambio” inmediato en el programa de medición neta, si bien reconoció el peso que conlleva el plan fiscal certificado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que ordena revisar el modelo de compensación a esos clientes.

“Tenemos que ver cuáles son nuestras opciones. Una opción pudiera ser legislar sobre el asunto”, expresó Pierluisi, aunque aceptó que ello no ocurrirá antes del próximo lunes, fecha límite que la JSF estableció para que el gobierno responda si continuará implementando la Ley 10-2024 –en vigor desde el 10 de enero–, un estatuto que pospone hasta 2030 el estudio que encomienda al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para decidir si el programa de medición neta requiere cambios.

“Esto no conlleva un cambio. Se le va a seguir dando el crédito que se le está dando a los consumidores bajo la supervisión del Negociado. La decisión de si se implanta esa ley, a pesar de la objeción de la Junta, no se ha tomado”, añadió el mandatario, en una conferencia de prensa tras inaugurar un centro tecnológico en el residencial San Fernando, en Río Piedras.

Pierluisi mencionó, de otra parte, que compete al NEPR, como dependencia con pericia en la materia, definir el curso a seguir. “Tengo que reconocer la jurisdicción de la Junta para opinar, y tengo que reconocer que el plan fiscal de la Autoridad es relevante, que fue lo que la Junta mencionó”, adujo.

Según la JSF, la Ley 10 atenta contra la independencia que debe mantener el NEPR y viola el plan fiscal de la AEE, al impedir que se haga un estudio de medición neta hasta 2030. El documento incorporó el lenguaje de la Ley 17-2019, que requería que dentro de los cinco años de su vigencia –plazo que venció el jueves– el NEPR completara un análisis que indicara si el mecanismo de medición neta debía modificarse.

La JSF alega que, al compensar a los “prosumidores” que exportan energía al mismo precio que se cobra la energía consumida, los demás abonados cargan un peso “desproporcionado” en sus facturas.

Por separado, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero, catalogó de “razonable y genuino” el cuestionamiento de la JSF, al afirmar que “no está claro cuánto cuesta” la medición neta, pero señaló que el gobierno entiende que la Ley 10 “se debe mantener”.

“En cuanto a (los datos), dependemos del Negociado, que terminen su estudio, porque son el ente independiente, experto, perito en la materia para determinar el costo de la medición neta en Puerto Rico y quién lo está pagando”, agregó.

La Ley 10 estipuló, sin embargo, que el estudio de medición neta del NEPR deberá comenzar “no antes de enero de 2030″, con miras implantar potenciales ajustes un año después que concluya.

Hasta diciembre de 2023, más de 110,000 abonados –de un universo de 1.5 millones de clientes– formaban parte del programa de medición neta, entre ellos, poco más de 42,000 que se interconectaron el año pasado, a un ritmo de 3,500 al mes.

En tanto, la abogada ambiental Ruth Santiago señaló que la medición neta funciona como un alivio que permite a un sector de la población costear la instalación de sistemas solares y baterías a los que, de otra forma, no tendrían acceso debido a los altos precios de financiamiento o compra.

“Sin algún tipo de subsidio, esos equipos no van a estar al alcance de la gran mayoría de las personas en Puerto Rico”, dijo Santiago, una de las líderes de la organización Queremos Sol, que aboga por maximizar el acceso a sistemas de generación distribuida.

El director de Política Pública de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento (SESA, en inglés), Javier Rúa Jovet, describió la comunicación del miércoles de la JSF como una “bomba” para el mercado, y sostuvo que la alusión a la “desproporción” que la medición neta genera entre las tarifas de los abonados es un “talking point” (argumento) recurrente en jurisdicciones conservadoras de Estados Unidos, donde hay oposición a la integración de energía limpia.

Rúa Jovet precisó que la SESA organizó este viernes un foro virtual, en el que se abordó el caso de California, donde el incentivo de medición neta se redujo en un 75% para los “prosumidores”. Según Rúa Jovet, al debilitarse la compensación bajo la medición neta, el mercado en ese estado quedó “destruido”.

“La medición neta es, quizás, la única política pública realmente exitosa, en Puerto Rico y donde sea que se haya adoptado, que consistentemente promueve que la gente se mueva a energía limpia”, dijo Rúa Jovet, quien sostuvo que un estudio que la SESA publicará próximamente encontró que la medición neta, en Puerto Rico, genera un beneficio de 24 centavos por cada kilovatio hora que produce un “prosumidor”, y de 33 centavos para los demás abonados, por el efecto de reducir los eventos de interrupciones en el servicio.

Santiago recalcó, por su parte, que urge establecer políticas, a través de los $20,000 millones federales disponibles para la red eléctrica, que provean “acceso universal” a sistemas propios que provean “seguridad energética”, al señalar que, pese al auge de instalaciones, el hecho de que 1.4 millones de clientes no participen de la medición neta evidencia “cuán costoso es” hacer la inversión inicial.

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La periodista Maricarmen Rivera Sánchez colaboró en esta historia.