La gobernadora Jenniffer González celebró este viernes la comunicación que el Departamento de Educación de Estados Unidos remitió el jueves a varias decenas de estados y territorios, reautorizando –por el momento– el uso de fondos asignados a raíz de la emergencia del COVID-19, una determinación que en Puerto Rico supone la disponibilidad de $401 millones para cubrir gastos que van desde servicios de terapias bajo el programa de Educación Especial hasta mantenimiento, seguridad y reparación de columnas cortas.

En una misiva dirigida a los departamentos de Educación de jurisdicciones que no se unieron a una demanda incoada por el estado de Nueva York, la secretaria de Educación federal, Linda McMahon, precisó que, ante las derrotas sufridas por la agencia en las cortes, “el Departamento ha decidido atender estos problemas de justicia y uniformidad en este período interino devolviendo a los estados no demandantes al proceso de liquidación vigente al momento de la carta del 28 de marzo”.

El 28 de marzo fue la fecha en que McMahon detuvo el desembolso de fondos asignados durante la pandemia, con lo que revirtió una determinación de su antecesor, el boricua Miguel Cardona, que extendía hasta marzo de 2026 la vigencia de las partidas. Por virtud de órdenes judiciales, sin embargo, el freno a los desembolsos no aplicó a los 16 estados y al Distrito de Columbia que se unieron al recurso legal de Nueva York contra la administración de Donald Trump.

“Así las cosas, al presente, todos los estados pueden someter solicitud de reembolso o pagos (dependiendo del estado específico) para sus programas del Fondo de Estabilización Educativa, que serán revisadas y evaluadas consistente con ese proceso previo. Los estados que ya han sometido solicitudes y recibos como parte de los procesos de revisión y apelación no tienen que volver a solicitar”, indicó McMahon en la carta del jueves.

No obstante, advirtió que, para “mitigar” preocupaciones que Educación federal ha levantado en el caso de Nueva York, a los efectos de que sería improbable recuperar fondos una vez desembolsados, incluso si la agencia prevalece en los tribunales, “revisaremos cuidadosamente las solicitudes de forma que garanticemos que se adhieran a los principios gubernamentales de costos de subvenciones y que, en general, los gastos tengan como propósito ‘prepararse, prevenir y responder al coronavirus’”.

Pese al tono de la comunicación de McMahon y el hecho de que se trató de una carta dirigida a más de 30 estados y territorios, González, en una conferencia de prensa en Barceloneta, atribuyó la devolución de los fondos asignados a Puerto Rico a las gestiones de su administración.

“Nos entregaron de vuelta la totalidad de los $401 millones de los fondos ESSER (Fondo de Alivio de Emergencia a Escuelas Elementales y Secundarias, en inglés) a nivel federal que se habían retirado a Puerto Rico, lo que nos pone en una mejor condición para trabajar los casos de Educación Especial, que era básicamente donde se habían asignado esos fondos que vienen del presupuesto del año pasado. Durante abril, mayo y junio, ese dinero se tenía presupuestado para pagar a los terapistas, a los empleados que tienen que ver con Educación Especial, y, al no haber tenido ese dinero porque se había quitado al gobierno de Puerto Rico, tuvimos que sacarlo de otras partidas”, dijo la mandataria, recalcando que la determinación brindará mayor capacidad de utilizar fondos estatales para trabajos de mantenimiento de planta física.

“Puedo decir que valió la pena y agradezco a la secretaria Linda McMahon y al presidente Trump que, una vez intervinimos directamente con el gobierno, se nos resarcieron todos y cada uno de los fondos que peleamos”, afirmó.

En declaraciones escritas, el secretario de Educación local, Eliezer Ramos Parés, se limitó a expresar que “la autorización que recibimos nos permitirá seguir invirtiendo en iniciativas que impactan directamente a nuestros estudiantes y maestros. Se nos ha aprobado el uso para iniciativas claves que fortalecen nuestra misión educativa”.

Durante el evento en Barceloneta, donde se anunció el inicio de la construcción de un proyecto de 38 viviendas unifamiliares a un costo promedio de $303,000 por unidad, González aseguró que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ya ha identificado una serie de “salideros ocultos” que aparentemente han causado los problemas de servicio denunciados más temprano en la semana por la alcaldesa Wanda Soler.

“El (presidente ejecutivo) de la AAA (Luis González Delgado) manifiesta que una de las razones para el problema de agua aquí es la baja presión, que se produce cuando hay reducción en los abastos de los tanques aquí. Esa reducción se da por salideros o roturas, la mayoría de ellos. Tan pronto la alcaldesa llamó la atención vino la brigada, se reunión con la alcaldesa, encontraron unos salideros, los trabajaron y repararon y anoche, de madrugada, volvieron a ver que bajaban los abastos y están identificadnos otros salideros ocultos o nuevos”, manifestó González, a pasos de la ejecutiva municipal.

Soler, por su parte, afirmó que la intermitencia del servicio de agua mantiene al municipio “histérico y ansioso”.