La gobernadora Jenniffer González anunció este lunes que presentará un proyecto de ley que busca dar paso a una reforma contributiva que, entre otras cosas, contempla reducir las tasas contributivas, incentivar a los padres de menores para promover la natalidad y aumentar las deducciones por cuentas de retiro individual (IRA).

“Como parte de la discusión hoy (lunes), el secretario de Hacienda (Ángel Pantoja) modeló algunos escenarios y números de las propuestas de reforma contributiva que le van a reducir la carga contributiva a nuestro sector laboral, de la gente de la clase trabajadora”, manifestó la gobernadora tras reunirse en horas de la mañana con la Conferencia Legislativa, en La Fortaleza.

“Estamos hablando que, en Puerto Rico, se paga una de las tasas contributivas más altas de toda la nación: 33% de tasa contributiva. Nuestra meta, en el Partido Nuevo Progresista, es bajarle las contribuciones a nuestra isla y bajar ese por ciento contributivo. Esos son algunos de los escenarios que estamos modelando sobre cada uno de los segmentos, incentivar a aquellos que tienen hijos para aumentar la población en Puerto Rico y, de la misma manera, hacerles justicia a nuestras personas mayores y a nuestros pensionados”, abundó.

En conferencia de prensa, la gobernadora dijo que aún no tiene el costo de la reforma contributiva que proponen, pero enfatizó que busca que sea efectiva para el próximo ciclo contributivo. Es decir, la planilla del 2025, que se rinde ante el Departamento de Hacienda en 2026.

Pese a que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) detuvo un intento de reforma contributiva de la administración de Pedro Pierluisi, González se mostró confiada en que no se repetirá el mismo escenario. Ahora mismo, la JSF solo cuenta con un solo miembro luego que el presidente Donald Trump destituyera a los otros seis integrantes. Según ha trascendido, el ente fiscal trabajaba en su propia versión de reforma contributiva.

“Lo que nosotros vamos a aprobar de reforma contributiva, tenemos con qué pagarlo. Nosotros vamos a hacer unos reajustes en los gastos del gobierno de Puerto Rico para que, en lugar de estar gastando más, se le pueda devolver eso a la gente en sus contribuciones. Eso conlleva un cambio en la política pública de que el gobierno no puede seguir gastando lo que no tiene”, explicó la mandataria, al tiempo que recordó que las tasas contributivas no se revisan desde 2011.

Respaldada por los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johhny” Méndez, recalcó que esta reforma es “prioridad” de la Asamblea Legislativa, cuya sesión ordinaria comenzó este lunes.

En esta sesión legislativa, el liderato legislativo también pretende atender el impuesto al inventario, tema que quedó pendiente en la pasada sesión con el Proyecto de la Cámara (PC) 420, que congela ese gravamen por cinco años.

“Hay enmiendas que el presidente del Senado (Rivera Schatz) ha introducido, (para) que podamos atender en un solo proyecto la congelación de los cinco años y qué pasaría después. Eso es lo que estaría modelando para que se pueda ver en esta sesión”, explicó González.

Rechazó el planteamiento de varios alcaldes de que la medida puede dejarles sin algunos recaudos. Más bien, la gobernadora recordó que, al igual que la reforma contributiva, la medida es un compromiso de campaña del PNP.

Además, la gobernadora anunció que, mediante legislación, estaría creando el cargo de principal oficial financiero en el Departamento de Educación (DE).

“Lo que busca es reducir el gasto que tiene el gobierno de Puerto Rico en una contratación que tiene un tercer grupo que hace el trabajo fiduciario allí”, dijo, al recordar que, a causa de los casos de corrupción, el DE tiene hoy un síndico que es la empresa Alvarez & Marsal.

Ese sería el trabajo que haría el oficial financiero en el DE, bajo la supervisión del secretario de la agencia, apuntó.

González también anticipó que someterá un proyecto de ley para que el gobierno provea una identificación exclusiva para adultos mayores. Igualmente, someterá otro para que se aumente el pago por contribución de ganancias sobre capital a los beneficiarios de las antiguas leyes 20 y 22 de 2012, hoy Ley 60-2019, al tiempo que se le reducen las contribuciones al inversionista local.