El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) lleva meses compartiéndole al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) datos sobre miles de conductores sin estatus migratorio definido en Puerto Rico, confirmaron este miércoles –por separado– ambas agencias.

“La solicitud (del listado de conductores inmigrantes) se hizo a finales de enero de 2025 al Departamento de Transportación y Obras Públicas”, confirmó la agente especial a cargo (SAIC) de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en la isla, Rebecca González Ramos, en declaraciones escritas a El Nuevo Día.

Por su parte, el DTOP reveló a este diario que su División Legal respondió “a un requerimiento (subpoena) debidamente emitido por una autoridad competente, como lo exige el debido proceso de ley”, relacionado con el sistema de licencias de conducir.

“Este tipo de requerimientos, el cual puede estar vinculado a investigaciones relacionadas con la posible comisión de delitos, exige un manejo riguroso y confidencial de la información conforme al ordenamiento jurídico vigente. En virtud de estas disposiciones legales, el DTOP está impedido de divulgar detalles adicionales sobre el contenido o propósito del requerimiento, en protección de la integridad del proceso y los derechos de todas las partes involucradas”, se limitó a responder el DTOP, también por escrito, sin precisar qué datos han sido compartidos con la dependencia federal.

Pese a que el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, negó que colaboraban con agencias federales en sus pesquisas de inmigración, HSI –adscrita a ICE– indicó que comenzaron a recibir los datos “entre febrero y marzo”.

“Estamos en constante comunicación con el DTOP para continuar el intercambio de información”, estableció González Ramos.

En los pasados cinco años, más de 5,000 inmigrantes sin estatus definido en Puerto Rico han solicitado la licencia de conducir, un beneficio que los dominicanos lograron, en 2013, bajo la Ley 97, firmada por el entonces gobernador, Alejandro García Padilla.

Pese al confirmado intercambio de información, el DTOP enfatizó que “no mantiene acuerdos de colaboración con agencias federales ni comparte información de su sistema de forma voluntaria”.

La reciente respuesta de HSI a El Nuevo Día contradice las declaraciones ofrecidas por González Ramos en entrevista con National Public Radio (NPR), publicada el lunes, cuando dijo que “esperaban” por la respuesta del gobierno local a los datos solicitados. Este miércoles, la dependencia sostuvo que, al momento de dicha entrevista, González Ramos “no tenía el dato de cuándo se recibió la información específica”.

HSI solicitó el listado de inmigrantes sin estatus definido a finales de enero, luego del inicio de la segunda administración de Donald Trump, quien priorizó las deportaciones en sus primeras órdenes ejecutivas.

En lo que va de año –hasta el 28 de mayo–, ICE ha detenido a 485 personas en Puerto Rico, 49 féminas y 436 hombres, como parte de la política antiinmigrantes del gobierno federal. En su gran mayoría, los detenidos han sido de nacionalidad dominicana (359). Entre los detenidos, 407 fueron arrestos administrativos –por violar leyes migratorias– y 78 criminales.

La agencia federal señaló, en tanto, que “el propósito” de la información requerida “es corroborar la información con la lista de órdenes finales de deportación e identificar cualquier individuo que esté presente en Estados Unidos sin estatus migratorio con un récord criminal activo”.

“El gobierno de Puerto Rico siempre ha estado colaborando con todas las solicitudes de información enviadas por nuestra agencia”, dijo la agente especial a cargo.

Por su parte, el DTOP enfatizó que “la protección de la privacidad de los ciudadanos y residentes de Puerto Rico es una prioridad inquebrantable”. “Toda solicitud de información recibida por el DTOP es evaluada con estricto apego a la ley y bajo principios de legalidad, proporcionalidad y confidencialidad”, expresó el secretario.

El uso de los datos personales de conductores inmigrantes –de cara a más redadas– ha levantado banderas de alerta entre organizaciones como Kilómetro 0. Esta entidad en defensa de los derechos humanos exigió al gobierno “que desista de toda colaboración con ICE, incluyendo compartir información y datos de las personas inmigrantes que residen en Puerto Rico”.

“La colaboración del gobierno de Puerto Rico con ICE es una alta traición al pueblo de Puerto Rico, que históricamente ha convivido con las comunidades inmigrantes en nuestro país, y contradice toda noción básica de derechos humanos, justicia y solidaridad”, expresó Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0.

Tras el primer operativo a gran escala de ICE en Puerto Rico, el 26 de enero, la gobernadora Jenniffer González afirmó que su administración tendría que “interpretar y revisar cuál va a ser el alcance de derechos en el área de salud, las licencias de conducir y en otros servicios que se ofrecen a personas que tienen un estatus migratorio ilegal en Puerto Rico”. Advirtió, entonces, sobre la posible pérdida de fondos federales si no se acataban las políticas de Trump.