Aguadilla - La gobernadora Jenniffer González no quiso adelantar este lunes si firmará o no el Proyecto de la Cámara (PC) 420, que contempla la eliminación definitiva del impuesto al inventario, y mantiene encontrados a alcaldes y representantes del sector privado.

La medida, que es un proyecto de esta administración y va rumbo a La Fortaleza, congela el impuesto al inventario por los años contributivos 2025 al 2027 con miras a su eliminación, al año siguiente, si no se legisla una fuente alterna de recaudo.

“Esta discusión lleva dos o tres años. El impuesto al inventario no es un asunto nuevo. Se discutió en la campaña (política del 2024), se ha discutido el pasado año”, respondió la primera ejecutiva cuando El Nuevo Día le planteó si acogería el llamado de alcaldes rojos y azules para que no firme el proyecto de ley y, en cambio, convoque a un diálogo con todas las partes involucradas con el fin de hallar alternativas.

En cambio, la gobernadora apostó a que una reunión que sostendrán esta tarde los miembros de la Federación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos del Partido Nuevo Progresista, con el liderato legislativo produzca “nuevos entendidos”.

Reconoció, no obstante, que el programa de gobierno del PNP no contemplaba la eliminación del impuesto al inventario, sino su congelación por cinco años.

“Sí, yo entiendo que nosotros debemos congelar esto. Esto es un impuesto que paga la gente, que le cuesta al público y que le cuesta también en los productos que se traen (a la isla)”, enfatizó en conferencia de prensa.

Alcaldes afiliados al PNP y al Partido Popular Democrático (PPD) han manifestado públicamente su oposición al PC 420. Alegan que eliminar el impuesto al inventario, de no hallarse sustituto para el año contributivo 2028, supone un golpe no solo para los municipios, sino también para la banca y el gobierno central.

El gravamen representa $314 millones anuales para los municipios. De esa cantidad, $169 millones van para pagar deuda del gobierno central que fue reestructurada en el Tribunal Federal. Otros $129 millones corresponden a la contribución adicional especial (CAE), que los ayuntamientos usan para respaldar los préstamos que toman a la banca. Los restantes $145 millones son los fondos que llegan a las arcas municipales para servicios y gastos.

De no acogerse su reclamo, los alcaldes han amenazado con detener el pago que sale de sus arcas para el Estado, no solo para pagar deuda, sino también para el sistema de retiro, llamado PayGo, o para aportar a la tarjeta de salud del gobierno.

Mientras, representantes del sector privado, entre ellos, la Asociación de Comercio al Detal (ACDET), Hecho en Puerto Rico (HEPR) y el Centro Unido de Detallistas (CUD), reiteraron su llamado a la gobernadora para que firme la medida, que describieron como “un beneficio directo para el consumidor, al garantizar mayor disponibilidad de productos esenciales, reducir riesgos de escasez durante emergencias y fortalecer la seguridad alimentaria y logística del país”.

Respecto a las propuestas presentadas el domingo por los alcaldes del PPD, la gobernadora planteó que “ninguna” es “válida en términos fiscales”. Los alcaldes populares propusieron cinco medidas, entre ellas, recibir el 15% de los recaudos por concepto de la venta de marbetes, eliminar el PayGO y la aportación al plan de salud público.

“Es dinero que está comprometido, dinero que ya está presupuestado. No pasaría cedazo ninguno de la Junta de Supervisión Fiscal y, ciertamente, del gobierno”, apuntó González.

Cuestionada sobre expresiones del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, durante una entrevista radial (WKAQ), en términos de que, como alternativa, los municipios tienen el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y deben retasar propiedades y que las de nueva construcción paguen impuestos, la gobernadora respondió: “Esos son asuntos municipales”.

“Los municipios tienen que tomar unas acciones concretas. No podemos tener... Hay municipios que están en una situación fiscal donde el Estado ha tenido que intervenir dándoles unas ayudas y, sin embargo, días después hacen festivales con gastos que no se presupuestan. Creo que tenemos que tener un balance”, sentenció la gobernadora.