La exsubsecretaria de la Gobernación Itza M. García Rodríguez mantiene, hace una semana, un contrato sin compensación monetaria con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), luego de que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) no concediera una dispensa para su contratación por $150 la hora.

El reclutamiento de García, quien renunció a la subsecretaría de la Gobrernación el 15 de agosto al ser referida a investigación del Fiscal Especial Indpendiente (FEI) el inicio de una investigación de la Oficina del Fiscal Especial Independiente,se enfoca en el apoyo para la “estabilización”, “continuidad” y “transferir conocimiento de la implementación del sistema de planificación de recursos empresariales del Gobierno de Puerto Rico”, conocido como ERP, según la denegatoria de Ética.

De haberse concretado la contratación, como presentada ante la OEG, la licenciada García Rodríguez hubiése podido facturar $150 por hora trabajada para un total de $84,600, durante la vigencia del contrato, que se proponía por seis meses.

Este monto, según la evaluación de Ética, hubiera violentado el artículo 4.6 de la Ley Orgánica de la OEG, puesto a que la cantidad “es mucho más de lo que la licenciada García Rodríguez recibía cuando se desempeñaba como Subsecretaria de la Gobernación”.

La consulta fue sometida por el director ejecutivo de la OGP, Orlando Rivera Berríos, quien finalmente firmó el contrato con García Rodríguez el pasado 27 de octubre de 2026, ad honorem, una alternativa que sugirió la OEG después de que no autorizara la contratación paga de la exfuncionaria.

En la carta firmada por la directora auxiliar del Área de Asesoramiento Jurídico y Litigación la OEG, la licenciada Michelle Vélez Berríos, se señala que tenían conocimiento de otras personas con “pleno conocimiento de este proyecto y pueden, no solo darle continuidad a este con el trabajo que actualmente realizan, sino que también pueden transmitir ese conocimiento a la persona o personas que se quedarán a cargo del proyecto”.

Entre las personas, mencionaron a los licenciados José Chávez, Gustavo Garrity y Fernando Figueroa, quienes participaron junto a García Rodríguez, de una reunión sobre el ERP con la OEG.

Este lunes, la OEG presentó una querella contra la exfuncionaria en la que se alega que violó el Artículo 4.2 (s) de la Ley 1-2012, que establece que “un servidor público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental”.

La querella de la agencia contra la exfuncionaria repasa las gestiones que hizo en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para la contratación de su compañero sentimental, Luis Alberto Sánchez Andino, mediante la empresa inscrita por este llamada Next Wave Solutions, LLC.

La contratación de servicios profesionales con la empresa de Sánchez Andino se formalizó el 16 de diciembre de 2025, hasta el 30 de junio de 2026, por una cuantía de$120,000, detalla la querella.

Al ser preguntada este martes sobre la querella contra García Martínez, la gobernadora Jenniffer González dijo: “Ella va a tener que explicarlo y va a tener que probarlo y defenderse de esas imputaciones”.