La gobernadora Jenniffer González responsabilizó este viernes a la pasada jefatura de la Administración de Seguros de Salud (ASES), que lideraba Roxanna Rosario Serrano, por el aparente descuadre –que estimó en $109 millones– identificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para el presupuesto propuesto para el año fiscal 2025-2026, supuestamente a causa de un alza mayor a la proyectada en las tarifas contractuales de las aseguradoras que gestionan el Plan Vital.

González acusó a Rosario Serrano de mentir bajo juramento en las vistas de transición gubernamental, a finales de 2024, sobre los fondos destinados a cubrir los contratos de Vital otorgados por la ASES, dependencia que, bajo la nueva administración, aún no cuenta con un director ejecutivo en propiedad.

Si bien González sostuvo, en un encuentro con la prensa en Humacao, que el señalamiento que la JSF presentó en una carta el miércoles –un día antes del primer Mensaje de Situación de Estado del cuatrienio– tomó desprevenido a su equipo fiscal, la actual directora ejecutiva interina de la ASES, Lymari Colón Rodríguez, expresó, en un comunicado, que “el asunto no nos tomó por sorpresa y estamos preparados para manejarlo”.

“Cuando cuadramos todo el presupuesto, todo estaba de manera perfecta y, de hecho, en las vistas de transición, ustedes recordarán que la entonces administradora de ASES (Rosario Serrano) dijo que ya los contratos estaban hechos y que todo el dinero estaba acorde al presupuesto anterior, y la realidad es que nos mintieron. Se dieron cuatro beneficios (de cobertura médica) adicionales a los requeridos en ley que dijeron que habían presupuestado y no presupuestaron, y esa es la carta que acabamos de recibir, en este caso, de ASES y de la JSF”, manifestó la primera ejecutiva, quien aseguró que se harán “referidos” para procesar las presuntas declaraciones falsas de la exfuncionaria.

“Hay unos elementos de que le mintieron al Comité de Transición (entrante) bajo juramento, diciendo que se habían presupuestado, que los contratos ya estaban, y se dieron unos beneficios, en campaña electoral, que no estaban presupuestados para operar”, insistió González, aunque no precisó por qué las discrepancias no se identificaron y atendieron en los primeros cinco meses de su gobierno.

La mandataria –quien informó que este viernes en la tarde habría una reunión entre el jefe de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berríos; el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Francisco Domenech; y personal de la JSF– aseguró que no habrá un recorte a los beneficios cubiertos bajo Vital y, en su lugar, el componente fiscal trabaja para identificar reasignaciones ascendentes a $109 millones, correspondientes al aumento de 21% en las tarifas que señaló el organismo que controla las finanzas públicas del país.

González indicó que Rivera Berríos tiene una idea “preliminar” de dónde, en el presupuesto propuesto para el año fiscal que inicia el 1 de julio, se obtendrán los $109 millones que se reasignarían a la ASES. En la versión actual del presupuesto recomendado, según la gobernadora, la ASES se nutre de $814.8 millones del Fondo General, $188.5 millones de ingresos propios y $4,002 millones de fondos federales, para un total de $5,005 millones.

“Obviamente, vamos a tener que sacar de un lado para cubrir el otro. Eso debe estar ocurriendo en el día de hoy (viernes) para nosotros cumplir con nuestra meta de un presupuesto balanceado. Eso se está haciendo en coordinación con la JSF”, dijo.

El jueves, en su Mensaje de Situación de Estado, González alegó que su administración logró, por primera vez, presentar a la Legislatura un presupuesto en acuerdo con la JSF, afirmación que El Nuevo Día corroboró que fue falsa, debido a que lo propio había ocurrido de cara a los años fiscales 2023-2024 y 2024-2025.

En su carta de esta semana, el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, indicó que el aumento de más de 21% corresponde a las tarifas aplicables entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, al compararse con los 12 meses previos. El presupuesto para el año fiscal 2025-2026, en cambio, contemplaba un incremento de 10%, dijo Mujica, lo que ya duplicaba el 5% anual que hubo entre 2021 y 2023.

“El aumento de 21.06% expuesto en las enmiendas contractuales propuestas, al combinarse con el aumento en el año fiscal (2023-)2024, incrementaría las tarifas en 34% para los pasados dos años”, puntualizó, describiendo el impacto como “sustancial y material” para las proyecciones presupuestarias del gobierno central.

“El proceso presupuestario para el año fiscal 2026 no podrá completarse hasta que mutuamente acordemos una solución de financiamiento para asegurar la responsabilidad fiscal a largo plazo”, acentuó.

Colón Rodríguez, la directora interina de ASES, sostuvo, en declaraciones escritas, que, “tan pronto como ASES presentó la propuesta que incluye un aumento tarifario del 21.06% para el período del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025, el equipo fiscal del Ejecutivo se activó”.

“Y no es solo una reacción automática: es una respuesta consciente a la magnitud del ajuste propuesto. En efecto, se han identificado, dentro del presupuesto vigente, mecanismos internos para hacer ajustes, y –lo más importante– se ha reservado una partida específica para atender cualquier alza en la tarifa del Plan Vital. En otras palabras, el asunto no nos tomó por sorpresa y estamos preparados para manejarlo”, expresó.

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Adriana Díaz Tirado colaboró en esta historia.