La gobernadora Jenniffer González se abstuvo el viernes de responder si continúa favoreciendo –como indicó durante su campaña– saldar todo el principal de la deuda por bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con el efectivo disponible del gobierno central, una alternativa que los integrantes recién despedidos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) descartaron, pero que podría resurgir una vez el presidente Donald Trump realice las designaciones para llenar las seis vacantes del organismo.

González, en conferencia de prensa luego de una actividad de entrega de equipo al Negociado de la Policía, se amparó en que debía ser “cautelosa” en sus expresiones públicas relacionadas con las opciones que podría impulsar para renegociar las obligaciones de la AEE, proceso que, en última instancia, recaerá en la reconfigurada JSF como representante de la corporación pública.

“Habíamos hablado en el proceso de campaña de estas ideas. Tengo que ser bien cautelosa con mis expresiones ahora, porque cada vez que hago expresiones sobre este tema, los bonistas acuden al tribunal reclamando. Tengo que ser muy cuidadosa. Yo hice unas expresiones sobre este tema en el período de campaña, de que debíamos llegar a una resolución para salir de esta quiebra. La realidad es que se han hecho intentos y esfuerzos desde que yo llegué y los términos no han sido satisfactorios para el gobierno de Puerto Rico ni para el pueblo de Puerto Rico”, afirmó González.

La deuda por bonos que reclaman los acreedores de la AEE ronda los $8,500 millones, monto que se eleva a cerca de $12,000 millones al calcular los intereses acumulados durante los años de moratoria. La última oferta de la JSF, incorporada al Plan de Ajuste propuesto ante el Tribunal de Título III bajo la Ley Promesa, ofrece un intercambio por bonos valorados en $2,600 millones que se pagaría en un periodo de 30 años.

El jueves, el exdirectivo de la JSF Justin Peterson –quien fue designado al ente directamente por Trump en 2020 y que permaneció hasta su renuncia en 2023– argumentó que completar la reestructuración de la AEE “puede hacerse rápidamente a través de una combinación de fuentes de financiamiento, incluyendo el efectivo del Estado Libre Asociado y un instrumento de valor contingente”.

“La JSF nunca lo pudo lograr, pero ya se fueron. ¡Hagamos un trato!”, exclamó el estratega de comunicaciones, un simpatizante del presidente estadounidense alineado con los reclamos de los acreedores que renunció al organismo, precisamente, por sus diferencias de criterio con la ruta que trazó la mayoría del grupo para resolver la insolvencia de la AEE.

Según Peterson, el gobierno central tiene disponible “más de $12,000 millones” en efectivo que podría destinar a repagar la deuda de la AEE. El viernes, el portal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) indicó que la cuenta principal del Departamento de Hacienda mantenía un balance de $11,140 millones.

González, quien ha asegurado que su administración mantiene comunicación con la Casa Blanca en torno a las posibles designaciones a la JSF, no respondió si Peterson sería uno de los candidatos para conformar el ente, ni si favorece figuras alineadas con el pensamiento del exdirectivo. La primera ejecutiva reiteró el viernes que anticipa que Trump comience a llenar las vacantes en septiembre, cuando reinicie la sesión congresional.

“Es una prerrogativa del presidente de los Estados Unidos. La Junta es impuesta y Puerto Rico no tiene ningún poder político como territorio. Si no, te diría que la Junta se vaya hoy, no mañana, hoy. La realidad es que el Congreso de Estados Unidos tienen esa potestad; impusieron la Junta, acaban de destituir los miembros. Yo creo que los gastos de la Junta son excesivos, lo he dicho públicamente (y) creo que hay mucho de eso en la decisión que se tomó para sacar los miembros restantes. Vamos a ver cuál va a ser la decisión del presidente y cuál va a ser la nueva política pública de la Junta”, acentuó González.