La gobernadora Jenniffer González Colón negó este miércoles haber intervenido con el Tribunal Supremo como alegó un comentarista político en el caso contra LUMA Energy y señaló que quienes tienen conflicto de interés en la controversia son los exjueces del máximo foro que representan al consorcio energético.

“Es bien absurdo en este momento, cuando el tribunal tiene ante su consideración un pleito que todo el pueblo de Puerto Rico sabe que yo estaba de frente en las elecciones hablando del mal servicio que tiene LUMA con el pueblo, que esto fue una promesa de campaña, que yo he estado fiscalizando el mal servicio de LUMA, al punto de que hemos radicado un pleito para mediar las diferencias con la contratación (...) Sin embargo, (el comentarista) no dice quiénes son los abogados de LUMA en el caso. Vamos a ver quiénes son los abogados: los exjueces del Supremo Edgardo Rivera García, que también trabaja para el Senado, y el exjuez Federico Hernández Denton, también abogado de LUMA”, señaló la mandataria en conferencia de prensa.

La primera ejecutiva reaccionó así a los comentarios del licenciado y analista político Eddie López que alegó, en su programa Nación Z, que fuentes le indicaron que la gobernadora, presuntamente, estaba llamando a jueces del Tribunal Supremo para que “cambiaran” sus votos y anularan el contrato de LUMA.

“Si alguien tiene intromisiones en el Tribunal Supremo son los pasados jueces del Tribunal Supremo. No tengo ninguna intervención con ningún juez. Yo no hago eso. Sé que son totalmente falsas”, aseveró González.

Tanto Rivera García y Hernández Dentón, quienes se retiraron del Supremo en 2025 y 2014, respectivamente, son parte del bufete Andreu & Torres Viada, parte de la batería de abogados de LUMA Energy junto a DLA Piper LLC.

Mientras, la mandataria se reservó tomar si tomará una acción legal contra López por compartir dichos rumores sobre una debida intervención que provocó que también la jueza presidenta del Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, defendiera la independencia de la Rama Judicial.

“Él dijo que eran rumores. Yo le estoy desmintiendo sus rumores. Yo creo que esto no es otra cosa que una estrategia para desviar la atención y hacer insinuaciones que son falsas. Falsas de su raíz”, insistió la gobernadora.

Más temprano en el día, la presidenta y principal oficial ejecutiva de LUMA, Janisse Quiñones, exigió una investigación” y mostró preocupación por la alegada intervención.

“Los señalamientos que han surgido públicamente sobre alegados intentos de influir en decisiones de jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico son sumamente preocupantes y merecen la mayor atención. Ante la gravedad de estas alegaciones, es indispensable que se investiguen a fondo y que se esclarezca, de manera transparente y creíble, si los hechos descritos ocurrieron”, dijo Quiñones, en un comunicado de prensa.

Por su parte, la gobernadora insistió en que acatará la determinación de los nueve jueces del máximo foro, que tiene ante sus manos decidir el futuro del contrato de LUMA.

“Voy a aceptar la decisión que sea del tribunal, pero ciertamente creo que el pueblo de Puerto Rico está en un estado de indefensión ante un contrato que se extendió sin cumplir con la ley, con una carta de manera indefinida y que el pueblo de Puerto Rico no tiene cómo defenderse. Yo creo que el contrato es malo, que no se cumplieron con los preceptos de ley y que podemos buscar otro suplidor que nos ayude a bajar el costo de electricidad y arreglar el problema de transmisión”, sostuvo González.