Iván A. Rivera Reyes, abogado de la madre de uno de los cuatro menores de edad que fueron trasladados desde una escuela de Loíza a una actividad política del Partido Nuevo Progresista (PNP), en Camuy, en tiempo lectivo y por iniciativa del senador Héctor Joaquín Sánchez, aclaró que la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, no es una de las demandadas en ese pleito.

“No, no. No es demandada. Se hace alusión a las expresiones de ella para contextualizar la totalidad de los hechos y darle contexto, pero no es demandada”, dijo el abogado, en entrevista telefónica.

“Creo que hay un ‘typo’ en un párrafo porque originalmente se había... mi clienta me había requerido que se demandara también, pero luego del borrador y de discutirlo con la clienta, yo le dije y le recomendé que no se incluyera a la alcaldesa como demandada porque en realidad las expresiones de la (alcaldesa) no me dan base para un reclamación de difamación”, añadió

La demanda es contra el comentarista radial Ray Cruz Santiago y el abogado Joel Osorio Chiclana, quien representa a la madre de uno de los menores que originó la querella oficial ante el Departamento de Educación, el Departamento de Justicia y que refirió la información a la Oficina de Ética Gubernamental. Todos esos entes gubernamentales mantienen una pesquisa.

Rivera Reyes aclaró que no es necesario enmendar la demanda porque Nazario “no figura como demandada”.

“Obviamente, si el descubrimiento de prueba refleja o evidencia que amerita que se le incluya como codemandada, entonces se solicita al tribunal para incluirla”, afirmó el abogado.

Esta semana el abogado presentó la demanda en la que su representada, quien recurrió a ese recurso en representación de su hijo de 16 años -cuyo nombre este medio no revela para proteger la identidad del menor-, exige una indemnización de $650,000 para el adolescente, que supuestamente ha recibido “insultos homofóbicos” en la escuela, y $150,000 para ella “por sus daños y angustias mentales”.

Además, la demanda reclama el pago de no menos de $40,000 por costas, gastos, intereses legales y honorarios de abogado.

En la demanda se le imputa al comentarista radial difundir supuestos comentarios homofóbicos usando como eje al senador Sánchez, así como divulgar las fotografías de los menores. La demanda no está acompañada por ninguna declaración jurada.

“Para efectos de la demanda, no es necesario una declaración jurada. Se hacen alegaciones de manera general y luego se hace descubrimiento de prueba para corroborar las alegaciones y sustentarlas”, indicó Rivera Reyes.

Reveló que a su clienta la citó el DE en una escuela de Canóvanas para entrevista nuevamente.

Contra el senador, hay una querella presentada por otro de los cuatro menores de edad y su madre, que es investigada por el Departamento de Educación y el Departamento de Justicia, por presuntamente transportar a los alumnos de undécimo grado, sin la autorización de los padres, desde la escuela Segunda Unidad Belén Blanco de Zequeira, en Loíza, hasta una actividad política en Camuy, el 14 de octubre.

Según la demanda, tras la denuncia, supuestamente, el comentarista radial difundió comentarios homofóbicos usando como eje al senador Sánchez, así como divulgar las fotografías de los menores.

“Yo sé que esto es la amenaza que había dado Thomas Rivera Schatz, (presidente del Senado). Hace unas semanas él había dicho que tuviéramos mucho cuidado con las cosas que estábamos diciendo y qué casualidad que el abogado de Héctor Joaquín Sánchez es el mismo que ahora está representando a una madre que alega unos daños a un menor de edad, que eso se verá en su momento en corte”, dijo Cruz, al ser contactado por este medio.

Agregó que no ha sido emplazado.

“En su momento, cuando toque ir al tribunal a defendernos, pues iremos y nos defenderemos”, dijo.

Rivera Reyes ha representado al senador Sánchez en pleitos previos, a la exsecretaria de Educación, Yanira Raíces, y al exsecretario auxiliar de Recursos Humanos de Educación, Jimmy Cabán. Estos últimos dos fueron despojados de certificaciones de esa agencia tras una revisión por parte de esta administración.

A la alcaldesa de Loíza, la demanda le atribuye el supuestamente publicar en sus redes sociales un mensaje diciendo que “la escuela de los jóvenes se utilizaba para el ‘adoctrinamiento’ de los estudiantes”.

Mientras que al abogado Osorio Chiclana, quien también es presidente de la Legislatura Municipal de Loíza, en la demanda se le imputa, entre otras cosas, afirmar que los estudiantes salieron de la escuela sin permiso de sus respectivos padres. En la demanda, se alega que los estudiantes sí contaban con una autorización verbal de sus progenitores para acudir a la actividad política en Camuy.