La madre de uno de los cuatro menores de edad que fueron trasladados desde una escuela de Loíza a una actividad política del Partido Nuevo Progresista (PNP), en Camuy, en tiempo lectivo y por iniciativa del senador Héctor Joaquín Sánchez, presentó este lunes una demanda contra el comentarista radial Ray Cruz Santiago, el abogado Joel Osorio Chiclana y la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, por supuestamente difamar a su hijo, y exige una compensación económica de $800,000.

“Cuatro adolescentes de Loíza, a quienes pocas veces se les abren las puertas de los espacios de acción política del país, vivieron una experiencia cívica que los llenó de orgullo y de propósito. Los demandados convirtieron esa experiencia en materia de escándalo sexual para ganar una pelea política que no era de ellos”, lee la demanda presentada por el abogado Iván A. Rivera Reyes, en el Tribunal de Carolina.

La madre, quien acudió a corte en representación de su hijo de 16 años y cuyo nombre este medio no revela para proteger la identidad del menor, exige una indemnización de $650,000 para el adolescente, que supuestamente ha recibido “insultos homofóbicos” en la escuela, y $150,000 para ella “por sus daños y angustias mentales”. Además, la demanda reclama el pago de no menos de $40,000 por costas, gastos, intereses legales y honorarios de abogado.

La demanda le imputa al comentarista radial difundir supuestamente comentarios homofóbicos usando como eje al senador Sánchez, así como divulgar las fotografías de los menores.

“Las publicaciones generaron comentarios del público que confirman que la audiencia entendió el mensaje sexual y homofóbico, y que se burlaron de los jóvenes”, indica el recurso de 17 páginas.

Contra Sánchez, hay una querella presentada por otro de los cuatro menores de edad, que es investigada por los departamentos de Educación y de Justicia por alegadamente transportar a los alumnos de undécimo grado, sin la autorización de los padres, desde la escuela Segunda Unidad Belén Blanco de Zequeira, en Loíza, hasta una actividad política en Camuy, el 14 de octubre

En cuanto a la alcaldesa de Loíza, la demanda le atribuye que supuestamente publicó en sus redes sociales un mensaje diciendo que “la escuela de los jóvenes se utilizaba para el ‘adoctrinamiento’ de los estudiantes”.

“Con ese mensaje, la Alcaldesa presentó públicamente los jóvenes como objetivo de manipulación política”, lee el escrito legal.

Además, le imputa a la alcaldesa del Partido Popular Democrático (PPD) haber coordinado sus expresiones públicas con el abogado, Osorio Chiclana, como parte de una “estrategia de objetivos electorales” porque supuestamente a la ejecutiva municipal le interesa ser senadora por el distrito de Carolina, posición electiva que hoy ostenta Sánchez.

Sobre Osorio Chiclana, también presidente de la Legislatura Municipal de Loíza, la demanda dice, entre otras cosas, que afirmó que los estudiantes salieron de la escuela sin permiso de sus respectivos padres. Se alega, en la demanda, que los estudiantes sí contaban con una autorización verbal de sus progenitores para acudir a la actividad en Camuy.

---

Pendiente a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.