El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Víctor Parés, reveló este lunes que auditores de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y la Oficina de la Contralora acudieron a su oficina para solicitar documentos que componen el informe sobre la fallida contratación de la empresa Power Expectations.

Según Parés, ya existen varias investigaciones en curso por distintas agencias, entre ellas el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, po sus siglas en inglés), el Departamento de Justicia, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente , el Inspector General, entre otros.

“Ya la Oficina de la Contralora y Ética Gubernamental enviaron auditores a la oficina de la comisión a buscar la data que tenemos. Debo entender también que ellos están trabajando en un ‘task force’ envuelto en estas investigaciones”, afirmó el representante durante el programa Lo de Hoy de El Nuevo Día.

Sobre si las pesquisas tardarían en mostrar algún tipo de resultado, ya sea mediante la radicación de cargos o señalamientos de faltas, el legislador consideró que no.

“Tenemos grabaciones, mensajes de texto y un chat. Esa data que conseguimos está disponible para las autoridades federales y locales”, añadió Parés.

El informe parcial, de 120 páginas, señaló que el zar de energía, Josué Colón; la exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) Mary Carmen Zapata; y al presidente de la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés), Osvaldo Carlo Linares, pudieron haber cometido violaciones criminales, civiles y administrativas en sus distintos roles vinculados al contrato de generación.

Además, se reveló un aparente conflicto de interés del licenciado Juan González Galarza, quien figuraba simultáneamente como consultor legal de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la AEE, y se abstuvo de divulgar a Zapata –entonces jefa de la corporación pública– los señalamientos de fraude que pesaban contra Power Expectations.

El informe aprobado por la Comisión de Gobierno concluyó que la AAPP, “por conducto de su director ejecutivo (Colón)”, tuvo responsabilidad “principal” sobre el proceso de generación temporal, entre otros elementos, por su rol como parte contratante del 3PPO, el conocimiento de las denuncias contra Power Expectations y la participación de sus abogados en sesiones de negociación con proponentes.

La comisión adjudicó el mismo calificativo al 3PPO, que administró la licitación, así como a Power Expectations, que, tras conocer las denuncias de supuesto fraude de Enchanted Rock por su inclusión en el consorcio que ejecutaría el proyecto de generación, cedió la participación de esta empresa a Flotek Industries y “la describió al 3PPO como una transición mutuamente acordada”.

En el caso de la AEE, el informe señala que “tiene una responsabilidad significativa, atenuada”, toda vez que no habría verificado “la autoridad de las partes antes de firmar”, pero, paralelamente, se afectó ante la información que la AAPP y el 3PPO “le ocultaron”.

“El informe también muestra los choques que había tanto en la Autoridad de Energía Eléctrica, que es la que paga y firmaba y contrata, las APP y el Zar de Energía”, puntualizó Parés.