Para la gobernadora Jenniffer González, aunque un informe de una comisión de la Cámara de Representantes resultó en varios referidos contra el zar de Energía, Josué Colón, la exjefa de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) Mary Carmen Zapata y otros oficiales, también evidenció que “no se defraudó al erario público” en el proceso que desembocó en la contratación de Power Expectations.

“Yo fui legisladora, así que se investigue. Creo que aquí no hay nada que esconder, todo sobre la mesa. Las investigaciones son buenas”, dijo González, quien también afirmó, erróneamente, que “no hubo contratación” de Power Expectations, a pesar de que el acuerdo de 10 años se suscribió el pasado 10 de junio y estuvo vigente hasta que Zapata lo canceló el 18 de agosto.

Como ha insistido previamente, González señaló que el informe de la Comisión de Gobierno de la Cámara baja consigna que, por concepto del contrato, no se produjo el desembolso de fondos públicos, toda vez que el pacto proveía para pagos a base de la energía despachada.

Power Expectations nunca llegó a instalar las unidades de generación que se preveía acomodar en la central Aguirre, en Salinas, en medio de un proceso enmarcado en las denuncias de fraude de Enchanted Rock –uno de los integrantes iniciales del consorcio– contra la compañía.

En un informe parcial de 120 páginas, la comisión cameral refirió el jueves a Colón y Zapata –quien salió de la AEE a inicios de septiembre– al Departamento de Justicia, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente y el Negociado Federal de Investigaciones, para que evalúen posibles acciones penales, así como a otras dependencias estatales con facultad de procesamiento administrativo.

En el caso de Colón –también director de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas–, el informe consideró que pudo incurrir en perjurio en su testimonio ante la Comisión de Gobierno, así como actuar negligentemente en el manejo del proceso de contratación. Zapata también está referida por posible negligencia en la verificación del expediente de contratación de Power Expectations.

Osvaldo Carlo Linares, presidente de la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés) –que administró la licitación–, y el consultor legal Juan González Galarza, quien brindaba servicios a la AEE y la AAPP, también fueron objeto de referidos penales y administrativos.

“(El informe) hace referencia a que todo esto surge por una orden del Negociado de Energía (NEPR) y que la contratación recayó en la AEE y el 3PPO, que es una entidad que crea el NEPR, que es una entidad que creó la Legislatura. Esta gobernadora no tiene (participación) en la negociación, ni tampoco el zar de Energía. Creo que las autoridades competentes tienen toda la discreción de hacer las investigaciones correspondientes, y no hubo un solo desembolso de fondos público. Aquí no se ha defraudado al erario público, que para mí es lo más importante”, enfatizó la primera ejecutiva.

El jueves, tras conocerse los referidos, tanto Colón como Zapata y Carlo Linares defendieron sus respectivas ejecutorias en el trámite que inició en marzo de 2025. Entre los elementos que enfatizó el informe, estuvieron el presunto ocultamiento a Zapata de las alegaciones de ilegalidad que, desde junio, pesaban contra Power Expectations, así como el trámite que paralelamente se siguió para sustituir a Enchanted Rock por otra compañía.