La gobernadora Jenniffer González no descartó este jueves cancelar el contrato que mantiene la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés) con la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), en medio de la creciente controversia sobre la contratación del consorcio de Power Expectations.

La mandataria afirmó el martes que evaluó un informe sobre los hechos en torno al contrato –que fue cancelado–, y concluyó que fue el 3PPO el ente responsable de la evaluación y supervisión del proceso, y calificó como “fatal” el manejo del trámite. De esa forma, González intentó desvincular al gobierno, a pesar de que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) suscribió el pacto, y fuentes de El Nuevo Día colocan al director ejecutivo de la AAPP, Josué Colón, interviniendo, mediante texto, para asegurarse de que se firmara.

Si fue “fatal” el manejo que se le dio a este contrato, ¿por qué no anular el contrato del 3PPO?, cuestionó este medio.

“Estamos hablando de que hay varios procesos corriendo. Tú tienes el manejo para los 3,000 megavatios de energía permanente en el gobierno de Puerto Rico. Esa es la figura, esa es la ley. Así que esa es la ley que yo tengo, y mientras la ley no se enmiende, yo no puedo detener el proceso de contratación y el proceso de establecer energía permanente”, contestó.

¿Y por qué no contratar otra empresa?, insistió este medio.

“Porque no se ha descartado. Yo dije ayer, y repito, que todo está sobre la mesa. Pero, en este momento, esa es la figura, la ley que está en este momento presente”, añadió la primera ejecutiva, al concluir una actividad en el Coliseo Mario “Quijote” Morales, en Guaynabo.

La 3PPO existe como una especie de salvaguarda o intermediario para velar que no haya conflictos de intereses en la contratación de bienes o servicios energéticos cuando la transacción involucra a alguna de las privatizadoras LUMA Energy o Genera PR.

Tan reciente como el 31 de julio de este año se le renovó, por un año adicional, el contrato a la empresa Regulatory Compliance Services, que actúa como 3PPO y que dirige el licenciado Osvaldo Carlo Linares.

De acuerdo con la gobernadora, el 3PPO fue el ente que evaluó y recomendó la contratación de Power Expectations, empresa que, mediante un consorcio junto a Enchanted Rock y Reyes Contractor Group, firmó un contrato con la AEE para producir 400 megavatios, por 10 años, a 22 centavos por kilovatio hora, lo que se traducía en un valor estimado de hasta $5,887 millones.

El 18 de agosto, el contrato fue cancelado por la AEE, luego que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) revocó su aprobación, en medio de alegaciones de ERock, matriz de Enchanted Rock, sobre fraude y falsa representación, entre otras irregularidades.

El representante Víctor Parés ha planteado que se legisle para dejar fuera al 3PPO de estos procesos competitivos, quitarle su facultad de contratación de energía temporal y transferirle esa responsabilidad al Negociado de Energía.

La gobernadora se expresó a favor de revisar la figura del 3PPO. “Creo que este es el momento para hacer cualquier revisión que hubiera que hacer sobre la figura. Recuerda que esto es un proceso legal que se aprobó por la Legislatura cuando hubo la privatización de la AEE hace unos años atrás. Así que lo que yo heredo de esta contratación, de este ente, estaba ahí cuando llegué, incluida la compañía”, señaló.

“Así que cualquier revisión a las facultades o a quién va a tener ese poder de adjudicación, si es el Negocio de Energía, que al final de camino fue quien hizo enmiendas al contrato y fue quien adjudicó la contratación, es parte de lo que debe evaluarse”, agregó.

De otra parte, respecto a un mensaje de texto que, según fuentes de este medio, envió Colón, también zar de Energía, a una persona identificada como “Juan”, momentos antes de la firma del polémico contrato para que se asegurara de que se concretara, la gobernadora expresó: “Todos los días hay una saga nueva”.

“Juan llama a Alexis y asegúrate que se firme el contrato y se radique ante el contralor. JAC”, lee el aludido mensaje de texto.

La gobernadora reiteró que se investiguen los señalamientos, que ya están ante las autoridades estatales y federales.