Aunque no precisó las razones, la gobernadora Jenniffer González desistió de reunir a todas las partes involucradas en la contratación de Power Expectations, y se desvinculó este martes de la controversia, al señalar que un informe que solicitó sobre lo ocurrido señala a la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés) como responsable del manejo.

Destacó que fue el 3PPO el que evaluó y recomendó la contratación de Power Expectations, empresa que, mediante un consorcio junto a Enchanted Rock y Reyes Contractor Group, firmó un contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para la producción de 400 megavatios, por 10 años, a 22 centavos por kilovatio hora, lo que se traducía en un valor estimado de hasta $5,887 millones.

“Una de las cosas que (supe es que), cuando yo pido el reporte de cómo se da todo esto, me doy cuenta que el gobierno de Puerto Rico no es quien adjudica ese contrato. Quien evalúa, recibe este contrato, es una firma privada que estipula la ley”, contestó la primera ejecutiva cuando El Nuevo Día le preguntó por qué desistió de citar la reunión con las partes concernidas.

El acuerdo fue cancelado por la AEE el 18 de agosto, luego que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) revocara su aprobación, en medio de alegaciones de ERock, matriz de Enchanted Rock, sobre fraude y falsa representación, entre otras irregularidades.

“La ley dispone que, luego de la privatización de la AEE..., todo esto es previo a que yo llegue como gobernadora, se había escogido esta compañía para que hiciera esa evaluación, y esta compañía es el 3PPO (Oficina Independiente de Adquisiciones), que dirige el licenciado Osvaldo Caldo Linares”, abundó la mandataria.

Los señalamientos sobre supuesto fraude, entre otras irregularidades, fueron referidos por la Autoridad para las Alianzas Públicas (AAPP) a las autoridades estatales y federales. En una vista pública de la Cámara de Representantes la semana pasada, el director ejecutivo de AAPP y zar de Energía, Josué Colón, reveló que había sido entrevistado sobre el asunto por el Negociado Federal de Investigaciones.

La exdirectora de la AEE Mary Carmen Zapata también remitió su versión de los hechos al Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Inspector General y la Administración de Servicios Generales, justo un día antes de presentar su renuncia al cargo.

Power Expectations, por su parte, presentó una demanda, ante el Tribunal Federal, en busca de que se revierta la cancelación del contrato y evitar que se abra un nuevo proceso de licitación para un nuevo acuerdo de generación temporal.

La gobernadora indicó que la contratación, una vez analizada por el 3PPO, siguió una cadena de evaluación que incluyó a la Junta de Gobierno de la AEE y Zapata, el Negociado de Energía (NEPR) y la JSF.

“Así que esto no pasa ni por Fortaleza, no pasa por ninguna otra firma, ni las Alianzas Público Privadas la aprueban, ni el zar de Energía. Así que no hay una jurisdicción directa del gobierno sobre esto. Tampoco hay, como he escuchado por ahí gente hablar, que hay desembolso de dinero público”, argumentó González.

“Por lo tanto, el decir que el gobierno adjudicó (la contratación) es falso. El decir que nosotros aprobamos es falso porque quien lo manejó fue la firma privada, el 3PPO, pasó por Energía Eléctrica y de ahí pasa al NEPR, quien sí le hizo cambios, quien sí aprobó, y luego pasa a la Junta de Supervisión, que lo tuvo casi 10 meses para hacer su aprobación”, agregó.

¿Y quién, a su juicio, entonces es responsable de cómo se manejó este contrato?, cuestionó este medio.

“Yo creo que el manejo ha sido fatal, y yo creo que esto ha sido fatal porque ha levantado y abierto puertas a especulaciones sobre cómo se hace todo ese trámite. Y yo creo que una de las cosas que debemos evaluar es esta figura de estas contrataciones”, contestó la mandataria.

¿Se refiere al 3PPO?, se le preguntó.

“La figura de cómo se da esto”, respondió.

La gobernadora había dicho a mediados de agosto que realizaría una reunión con todas las partes en esta controversia con el fin de adjudicar responsabilidades.

“Esto lo tiene todo el mundo para investigación, así que lo investiga todo el mundo. Y yo creo que, al final del camino, mientras más gente lo investigue, mejor”, sentenció González.