Vieques - Aunque asegura que “personalmente”, no ve objeción para la entrega, la gobernadora Jenniffer González afirmó este lunes que el Departamento de Justicia tiene “la última palabra” respecto a si el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) comparte con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico el requerimiento de información que recibió del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para suministrar datos de más de 6,000 inmigrantes con licencia provisional.

La semana pasada, el juez superior Anthony Cuevas, del Tribunal de San Juan, ordenó al DTOP entregar o brindar acceso al requerimiento de información o subpoena administrativo de ICE, así como cualquier petición similar emitida desde el 20 de enero hasta el presente.

“No, no tengo ninguna instrucción sobre eso”, manifestó este lunes la gobernadora cuando se le preguntó si había dado alguna directriz relacionada con la entrega de los documentos.

¿Usted entiende que debe entregarse el subpoena o no?, preguntó El Nuevo Día.

“Yo, personalmente, no veo ninguna objeción a que se entregue, pero, obviamente, son las agencias las que van a determinar si hay información que se ha pedido de alguna manera que yo desconozca por parte de las autoridades federales”, respondió durante un recorrido con periodistas por Ceiba y Vieques.

Tras el fallo judicial, el Departamento de Justicia afirmó el sábado que solicitaría una reconsideración al Tribunal de Primera Instancia, y de ser necesario, acudiría ante el Tribunal de Apelaciones.

“Esta determinación responde a que el Estado no puede divulgar información obtenida mediante un subpoena del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security), la cual está sujeta a estrictos lineamientos de confidencialidad", adujo, entonces, el Departamento de Justicia.

La ACLU en Puerto Rico demandó al DTOP, el 1 de octubre, para exigir que compartiera la petición federal y otros documentos relacionados con la entrega que hizo en enero la agencia local con la información de los inmigrantes. La organización recurrió a la corte por la presunta oposición de la dependencia pública a entregar el subpoena, alegando que se trataba de un documento confidencial.

Abordado por este medio, el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, no quiso comentar este lunes sobre el tema, y nuevamente refirió el asunto al Departamento de Justicia

“Tristemente, sobre eso no te puedo dar ninguna información. Nuestros representantes legales, el Departamento de Justicia, tiene el detalle sobre eso. Lo tengo que referir a ellos”, manifestó.

¿Por qué no lo hace usted, que es el titular de la agencia?, le cuestionó este medio.

“El DTOP, como agencia constitucional, la representación legal es el Departamento de Justicia”, respondió.

Cuando se le insistió si entregarán el documento, González Montalvo reiteró el referido a Justicia.

Pero el documento, ¿existe o no existe?, se le preguntó.

“Sí, existe”, contestó el secretario del DTOP.

De otra parte, la gobernadora dijo no tener ninguna información relacionada con la supuesta pesquisa que las autoridades federales realizan con relación a la propiedad de sus suegros en La Parguera, según se desprende de una transcripción de una vista de fianza –por un caso separado– contra Daniel García Martín, quien es contratista de la familia para obras en esa residencia.

“No tengo ninguna información sobre eso”, dijo la primera ejecutiva, quien añadió que “no es correcto” que se investigue a sus familiares.

“Yo no tengo ninguna información sobre eso y, si no, lo hubieran dicho públicamente”, agregó la mandataria.

García Martín, de 67 años y quien permanece detenido por orden del magistrado federal Marshal D. Morgan, fue arrestado tras una orden de allanamiento en en el que se le ocuparon armas de fuego y municiones que poseía presuntamente de manera ilegal.

La fiscalía federal ha asegurado que no existe ninguna pesquisa activa contra la gobernadora, pero no se ha expresado respecto a sus familiares.

Las expresiones de la gobernadora surgieron en un aparte con periodistas al abordar una lancha en Ceiba para transportarla hasta Vieques, donde inspeccionó varios proyectos en construcción.

En Ceiba, González visitó primero lo que será el nuevo terminal de lanchas, que debe estar listo el próximo año. El recinto incluye un estacionamiento multipisos con cabida para casi 400 vehículos, y que una vez opere tendrá un costo para los usuarios, que no se detalló. La obra requiere una inversión de $47 millones en fondos estatales y se comenzó a construir bajo la administración de Pedro Pierluisi.

También la gobernadora inspeccionó las dos nuevas embarcaciones para Vieques y Culebra: La Borinqueña, para carga y pasajeros, y la barcaza Cucubano. A estas naves, se unirán otras dos que deben llegar a la isla el próximo año.

“Ya se pagaron las embarcaciones con fondos federales”, sostuvo la mandataria.

Las nuevas naves deben sustituir embarcaciones que hoy son rentadas, lo que redundará en un ahorro para la Autoridad de Transporte Integrado.

En Vieques, la gobernadora inspeccionó un sistema de cámara en el cuartel municipal, los trabajos de mejoras a la planta de alcantarillado sanitario y la remodelación de la plaza pública, que contará con pérgolas, iluminación, mobiliario urbano y internet público, así como el remozamiento del Centro Agrícola de Transformación Social y Comunitario, en el edificio histórico J. Gautier Benítez.