En un discurso con marcadas similitudes al que ofreció al celebrar los primeros 100 días de su administración, la gobernadora Jenniffer González reclamó este jueves logros en las áreas de energía, desarrollo económico y permisos, vivienda y seguridad, en su primer Mensaje de Situación de Estado ante la Asamblea Legislativa.

Como parte del mensaje, del que estuvieron ausentes anuncios mayores de acciones prospectivas de política pública, predominaron alusiones a las órdenes ejecutivas adoptadas en los primeros cinco meses de administración, así como los elementos incorporados al presupuesto sometido ante la Legislatura, producto de un acuerdo entre la administración de González y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Me comprometí con ustedes a liderar un gobierno de acción, enfocado en lograr resultados que realmente le importan a la gente, y eso estamos haciendo”, afirmó la primera ejecutiva al inicio de su alocución, que estaba programada para las 5:00 p.m., pero arrancó unos minutos antes de las 6:00 p.m.

La gobernadora destacó las acciones tomadas para atender la crisis energética, entre ellas, las creaciones –mediante órdenes ejecutivas– del Comité de Transformación Energética y la Oficina del Zar de Energía, a las que atribuyó el incremento en la capacidad de generación eléctrica de cara a los meses de mayor consumo, así como las determinaciones del Departamento de Energía que han flexibilizado requisitos asociados a la reconstrucción de la red.

Durante el mensaje, no se entró en detalle sobre la prometida cancelación del contrato de LUMA Energy, que González ha indicado que espera comenzar antes que culmine el 2025, aunque describió sus gestiones iniciales como “la era de la verdadera fiscalización de los operadores privados”.

Según la mandataria, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas ha emitido 27 comunicaciones a LUMA Energy y otras 15 a Genera PR sobre presuntos “incumplimientos contractuales”.

“La salida de este problemático contrato va a ser una realidad”, puntualizó la gobernadora, en referencia a LUMA, encargado de la transmisión y distribución eléctrica.

González sí subrayó que las primeras dos medidas convertidas en ley atendieron, precisamente, el tema energético, eliminando las metas intermedias de energía renovable y extendiendo, al menos hasta 2032, las operaciones de la cogeneradora privada AES, al tiempo que se incrementaron las penalidades que puede imponer el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) sobre los administradores del sistema.

El ofrecimiento del Mensaje de Situación de Estado, a apenas un mes de concluir el año fiscal, estuvo en el aire hasta el pasado lunes, cuando González confirmó que comparecería ante la Legislatura tras considerar someter únicamente un informe escrito.

Luego de meses de tirantez entre González y el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, con relación a los nombramientos al gabinete –pugna que pareció amainar esta semana con las nuevas designaciones a las secretarías de Estado, Justicia y Trabajo–, el único llamado directo de la mandataria a los cuerpos legislativos fue a atender de manera expedita los 14 proyectos que conforman la primera fase de una reforma contributiva.

“Estas medidas no pueden seguir esperando. Están ante ustedes, listas para ser atendidas y firmadas por mí. El pueblo habló con su voto y respaldó nuestro programa de gobierno. Ese mandato es claro. Ese compromiso es inviolable. ¡Es momento de actuar!”, exclamó.

Al concluir el mensaje, Rivera Schatz afirmó que González “cuenta con el Senado para levantar a Puerto Rico”.

Al presente, la Asamblea Legislativa evalúa un presupuesto de $13,162 millones con cargo al Fondo General, resultado de negociaciones con la JSF, y que incorpora contingencias en caso de que se materialicen los recortes de fondos federales que ha prometido el presidente Donald Trump.

Sin referencias a la posibilidad de pérdida, congelación o recortes de fondos federales, la primera ejecutiva puntualizó, en su discurso de 31 páginas, las asignaciones propuestas destinadas al cuidado sustituto de adultos mayores y con discapacidades, ascendentes a $120 millones, servicios de albergues a menores ($48.6 millones), vales de cuido de niños ($15 millones), mitigación de deslizamientos en las carreteras ($55 millones) y gastos dirigidos a reclutamiento y pago de horas extra en la Policía ($19.6 millones).

González también hizo un guiño a los municipios, a los que prometió partidas presupuestarias que totalizan $387 millones, y a los empleados públicos que, en los pasados años, no han recibido un aumento salarial, para los que hay unos $25 millones separados.

“Sin la entrega de los servidores públicos, la labor gubernamental no sería posible”, acentuó desde el estrado del hemiciclo de la Cámara de Representantes.

Aunque la versión final del presupuesto, probablemente, será enmendada a nivel legislativo en las semanas siguientes, González celebró el acuerdo alcanzado con la JSF, lo que describió como evidencia de “la disciplina fiscal y presupuestaria, para por fin terminar el fatídico recuerdo de la Junta en nuestra isla”.

“A casi 10 años... repito, ¡10 años! de la imposición de la JSF, muchas han sido las vicisitudes que hemos atravesado como pueblo”, manifestó la primera ejecutiva en su discurso, con una duración de una hora y 47 minutos.

El 10 de abril, en otra extensa alocución durante una actividad oficial en conmemoración de los primeros 100 días de su administración, la mandataria ya había resaltado sus gestiones en cuanto al sector energético y las acciones para acelerar la expedición de permisos, reformar el sistema contributivo y promover la seguridad pública.

En esta ocasión, González subrayó el incremento de 3.7% en los recaudos del Impuesto sobre las Ventas y Uso en enero, el aumento de 950,000 a 963,000 en el empleo asalariado no agrícola entre abril de 2024 y abril de este año, y aumentos en importaciones y exportaciones, según la Junta de Planificación.

Asimismo, reclamó como un logro de la Oficina de Gerencia de Permisos haber “eliminado el atraso acumulado en años anteriores” y encontrarse “trabajando únicamente con solicitudes recibidas en el año 2025”.

“En ese mismo periodo, más de 4,000 nuevos negocios comenzaron operaciones en Puerto Rico. Esas son 4,000 familias que comienzan a disfrutar la agilidad en las gestiones que nuestro gobierno vino a implementar”, acentuó, al tiempo que mencionó las acciones de “desregulación” del aparato ejecutivo, tarea que encomendó a la exsecretaria designada de Estado Verónica Ferraiuoli.

Para abordar el tema de vivienda, González invitó al hemiciclo a Julia Acevedo Feliciano, quien recibió, luego de un trámite que inició en 2019, el título de propiedad de su casa, en la comunidad Bairoa de Caguas, hogar que había sido destruido por el huracán Hugo, en 1989.

Mientras, en el renglón de seguridad, reconoció tanto al secretario del Departamento de Seguridad Pública, Arthur Garffer, como al comisionado de la Policía, Joseph González, a cuyo “liderato” atribuyó una baja de un 5% en la incidencia criminal, incluyendo una reducción de 51 asesinatos y 72 “carjackings” respecto al 2024.

En el aspecto educativo, la gobernadora concentró sus expresiones en el segmento de Educación Especial, afirmando que el 14% de la población estudiantil del sistema público cuenta con un diagnóstico de trastorno dentro del espectro autista, por lo que recalcó el comienzo de un programa para certificar a 400 docentes como especialistas en autismo.

González arribó al hemiciclo cameral escoltada por su esposo, José Yovín Vargas, y los presidentes legislativos, Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez. En tono jovial, la primera ejecutiva aclaró, al inicio de su mensaje, que sus hijos gemelos se habían quedado bajo el cuidado de su abuela materna.

Entre el público, destacó la presencia de la exgobernadora Sila María Calderón y varios jueces asociados del Tribunal Supremo. A un lado de la exmandataria estuvo el comisionado residente y presidente del Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández, quien el miércoles afirmó que, a ese momento, no había recibido una invitación.

También hizo acto de presencia la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera, recién designada secretaria de Estado y quien recibió uno de los más extensos aplausos de la velada.

Al mensaje, en cambio, no asistieron la jueza presidenta del máximo foro judicial, Maite Oronoz, ni la delegación legislativa del Partido Independentista Puertorriqueño y el senador independiente, Eliezer Molina.

En su recorrido al estrado, la mandataria saludó efusivamente a correligionarios y miembros de otras colectividades, como la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve.

Como ha sido la costumbre de los gobernadores estadistas en años recientes, González dejó para el final de su discurso las alusiones al tema del status, que no se prevé que gane tracción a nivel federal bajo la presidencia de Trump y un Congreso dominado, al menos hasta 2026, por los republicanos.

La gobernadora, quien reclamó que “la mayoría” en Puerto Rico cree en la anexión y aludió a los cerca de 100,000 veteranos que residen en la isla, se limitó a decir que seguirá “comunicando, promoviendo y ejecutando la política pública a favor de la estadidad”, sin precisar si, entre las “acciones concretas” que prometió, figura la formulación, durante la presente sesión congresional, de algún proyecto que procure resolver la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos.

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Las periodistas Gloria Ruiz Kuilan y Adriana Díaz Tirado colaboraron en esta historia