Tras confirmar que el Proyecto de la Cámara (PC) 420 –que eliminaría el impuesto al inventario en 2028– ya se recibió en La Fortaleza, la gobernadora Jenniffer González reveló este martes que solicitó al Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) una evaluación de su impacto fiscal para decidir si lo firma o no.

Informó, de paso, que este jueves tendrá una reunión con los alcaldes federados –afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP)– para discutir el tema.

“Recibimos el proyecto en el día de ayer (lunes)… así que tengo 10 días para evaluar su firma o su veto. Ya le pedimos a las agencias, por ejemplo, como no es la medida como originalmente se radicó, cuál es el impacto que eso pudiera tener, no solamente en los municipios, sino también en las arcas del gobierno, así que estamos haciendo esa evaluación; no me voy a adelantar”, dijo.

Recordó que ella misma sometió a la Legislatura la pieza que recogía el contenido exacto de la plataforma de gobierno del PNP para congelar el impuesto al inventario por cinco años, tiempo en el que se le buscaría un sustituto. Pero, reconoció la “potestad” legislativa de enmendar el proyecto, para disponer la eliminación a partir de 2028.

“Nosotros lo prometimos, y yo creo en su eventual eliminación, pero tenemos que hacerlo prudentemente, así que la congelación que habíamos propuesto era de cinco años. Esta (PC 420) la reduce a tres. Habla de una eliminación. Yo creo que ese es el fin que todos queremos, al final del camino, pero tengo que ver el impacto que eso tiene. Los alcaldes quieren hacerme una presentación, así que voy a recibirla este próximo jueves y la discutiremos a fondo”, sostuvo González, en conferencia de prensa, tras anunciar una iniciativa dirigida a transformar los servicios de cuidado infantil.

Horas después de la conferencia, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reconoció que la bola está en la cancha de la gobernadora, pero advirtió, en redes sociales, que “la devolución en cuanto al Senado no es opción, ni se atenderá más el tema”.

La apertura al diálogo y la evaluación solicitada por la gobernadora surgen luego de que, por más de una semana, alcaldes –rojos y azules– le pidieran una reunión y que no firme el PC 420. Ayer, lunes, no rindió frutos una reunión entre los alcaldes del PNP y los presidentes legislativos, Carlos “Johhny” Méndez y Rivera Schatz. Los alcaldes buscaban frenar la medida y que no llegara a La Fortaleza.

La reunión terminó con alcaldes molestos e, incluso, algunos abandonaron el cónclave, Edward O’Neill Rosa, de Guaynabo, y Miguel Romero, de San Juan, dijeron dos fuentes. El alcalde de Manatí, José Sánchez, habría sido el más molesto y colocó un mensaje en el chat de la Federación de Alcaldes dejando saber que se retiraría de posiciones de liderato, aunque seguiría siendo penepé.

Mientras, la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, le dijo a Rivera Schatz que recordara que acumula votos en su distrito; y el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, combatió la posibilidad de eliminar la exoneración contributiva a la propiedad, argumentando que el 80% de los dueños de vivienda son clase media y clase baja, y no tendrían dinero para más impuestos, agregó una de las fuentes.

Previamente, O’Neill Rosa había dicho que, de aprobarse el PC 420 y eliminarse el impuesto al inventario, dejaría de pagar el plan de salud del gobierno y los arreglos a carreteras estatales. Hoy, a preguntas de El Nuevo Día, se retractó. “El dinero no lo puedo retener porque llega directo al CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales), pero sí tengo otros recursos para trabajar y minimizar mis gastos”, dijo.

En días recientes, además, alcaldes advirtieron que la eliminación del impuesto al inventario, que representa $314 millones anuales, también impactaría al Estado y la banca.

De los $314 millones anuales que representa el impuesto al inventario en propiedad mueble, $169 millones van para pagar deuda del gobierno central que fue reestructurada en el Tribunal Federal. Otros $129 millones corresponden a la contribución adicional especial, que los ayuntamientos usan para respaldar los préstamos que toman a la banca. Los restantes $145 millones son los fondos que llegan a las arcas municipales para servicios y gastos.

El PC 420 no fue consultado con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), como este medio ha reportado. El ente, según la ley Promesa, debe evaluar y avalar todo proyecto que impacte las finanzas públicas.

“Esas son cosas que queremos evaluar… La Junta hoy quiere una cosa y mañana quiere otras. A veces, defiende a LUMA; a veces, toma otro tipo de decisiones”, respondió la gobernadora, cuando se le preguntó sobre la medida y la JSF.

“Hicimos un compromiso programático con el pueblo de Puerto Rico que vamos a honrar y, por lo tanto, yo quiero, al haber un cambio en uno de los elementos del proyecto, ver cuál es el impacto y poder hacer esa evaluación, y la voy a hacer de la mano con los alcaldes y con las agencias de gobierno concernidas”, recalcó.

González precisó que le corresponde a la OGP determinar cuánto dinero es necesario para compensar la posible eliminación del impuesto al inventario.

“Yo, por mi parte, le pedí al secretario de Hacienda y al director de Gerencia y Presupuesto que me identifiquen de dónde saldría, porque recuerden que nosotros estamos trabajando en una reforma contributiva, que pudiera estar rondando entre los $500 millones, así que son beneficios directamente al pueblo de Puerto Rico y, por lo tanto, tenemos que buscar cómo se van a pagar”, expresó.