La gobernadora Jenniffer González reconoció este jueves como política pública de su administración el proyecto de restauración de la Laguna de Guánica, una iniciativa “de alto interés público” conforme al Plan de Manejo de la Cuenca de la Bahía de Guánica y los lineamientos de la obra, financiada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

“Estamos muy contentos. Le agradecemos (a González) que escuchó el reclamo de las comunidades, las organizaciones ambientales, el DRNA (Departamento de Recursos Naturales y Ambientales), que ha sido un aliado histórico y que reconoce la importancia de este proyecto como uno de adaptación al cambio climático, reducir las inundaciones, mejorar la biodiversidad e, incluso, la agricultura, porque la orden toma en cuenta las preocupaciones del sector agrícola”, dijo a El Nuevo Día, en reacción, el director ejecutivo de Protectores de Cuencas, Roberto Viqueira.

Pese a que, por años, sectores agrícolas y ambientalistas han estado enfrentados por diferencias en torno a si se debe o no restaurar la laguna –drenada en 1955–, una asignación de $7.4 millones, otorgada por la NOAA y que Protectores de Cuencas administra, le dio fuerza a la propuesta desde el año pasado.

Si bien la asignación significó un avance, el apoyo de la administración de González era crucial para adelantar otros pasos “importantes”, había reconocido Viqueira en una entrevista previa.

Entre esos pasos, está la firma de un acuerdo entre el Departamento de Agricultura, dueño de los terrenos bajo la Autoridad de Tierras, y el DRNA, algo que ahora, con la firma de la Orden Ejecutiva 27 –que declara política pública el proyecto de restauración–, debe ahora formalizarse, indicó Viqueira.

“Es un logro histórico”, subrayó. “Este proyecto tiene los fondos. Estamos en proceso de diseño y permisos. Ya con esto, el proyecto es totalmente viable”, manifestó, al reconocer que, sin la orden y el eventual acuerdo entre el DRNA y Agricultura, los $7.4 millones estarían en peligro de perderse, en momentos en que la administración de Donald Trump ejecuta recortes en las agencias federales.

Aunque La Fortaleza anunció, más temprano este jueves, la firma de la orden, mediante la cual la administración de González busca promover “desarrollo sostenible” en torno a la laguna, el texto final no había sido publicado, hasta las 4:30 p.m., por el Departamento de Estado.

El Nuevo Día solicitó reacciones tanto del secretario de Agricultura, Josué Rivera Castro, como del titular del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, pero no se obtuvieron.

Los fondos asignados a través de la NOAA provienen de la Ley Bipartita de Infraestructura del gobierno federal, y la propuesta contó con el aval de González mientras era comisionada residente en Washington. Tras ganar la gobernación y previo a juramentar, la portavoz de González, Marieli Padró, había dicho que, para la mandataria, era importante “que los fondos federales que se lograron se utilicen”.

Mientras, Viqueira había reconocido que, históricamente, la propuesta ha tenido la oposición de un sector agrícola, que ve la zona de 1,200 cuerdas que ocupaba la laguna con potencial para esa industria.

Este jueves, señaló que la orden de González “recoge la propuesta (de restauración), pero también las preocupaciones de algunos sectores”, armonizando la obra con el uso agrícola. Además, sostuvo que, principalmente para Guánica –municipio impactado por huracanes, terremotos y baja poblacional–, “este proyecto significa que el pueblo tiene un lugar hacia dónde crecer socioeconómicamente”.

Ante la posible restauración, líderes del Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas argumentaron, en una entrevista previa, que dichos terrenos son cruciales para el desarrollo de la agricultura, y urgieron a las autoridades a fomentar su crecimiento, en lugar de inundar nuevamente la zona.

“Protectores de Cuencas se ha visto involucrado en muchos trabajos valiosos para Puerto Rico; esto no es que ellos son malos, es que, en este proyecto en específico, intentan justificar una acción que nosotros consideramos detrimental para el sector agrícola”, subrayó, entonces, Alfredo Vivoni, asesor científico y portavoz del Frente.

Recordó que, en 2012, “nos configuramos en un comité, precisamente, para enfrentar y hacer valer el interés agrícola sobre el proyecto de, entrecomillas, restauración, porque, realmente, para nosotros, no sería tal cosa como una restauración”.

Las 43,337 cuerdas del Valle de Lajas fueron declaradas como reserva agrícola por la Ley 277 de 1999 y, dentro del Plan de Uso de Terrenos, se clasifican como suelo rústico especialmente protegido de valor agrícola. “Es la clasificación más estricta que se le debe otorgar a un terreno por su valor agrícola”, anotó Vivoni.

Los líderes del Frente mencionaron que, cuando se drenó la laguna, se hizo para dar paso a un sistema de riego que, al momento, nutre a fincas y agricultores de la zona, y tiene la capacidad de servir hasta 17,000 acres en 340 predios y 394 tomas de agua.