Distinto a su postura inicial, la gobernadora Jenniffer González rehusó este jueves especificar qué responsabilidad, si alguna, tuvieron la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés) en la otorgación del ahora cancelado contrato de generación con el consorcio liderado por Power Expectations, que habría sido firmado por una persona no autorizada.

Además, adelantó que, con el fin de adjudicar responsabilidades, convocará una reunión, la próxima semana, con todos los entes involucrados en la controvertida transacción.

“Aquí, hay una responsabilidad directa del 3PPO, que es la figura que el Estado le delegó la evaluación y adjudicación para esta contratación. Y esto recae, a su vez, en las Alianzas Público Privadas, que tengo entendido que el director (Josué Colón) no tiene el voto para eso. Quien hace la contratación, posteriormente, es la AEE”, dijo la mandataria, al finalizar la reunión del Directorio del Partido Nuevo Progresista.

“Así que hay una cadena de funcionarios que, posterior a quien otorga por ley este contrato, que en este caso es el 3PPO, toma esa decisión. Por eso es que quiero esta reunión con todos los componentes en la misma mesa, porque también lo que he visto públicamente es que todo el mundo se pasa la pasa caliente. Y yo creo que hay un momento de tomar decisiones y todo el mundo en la misma mesa. Y si hay que enmendar la ley para eso, voy a hacer los referidos que tenga que hacer”, agregó.

¿Entiende, entonces, que hay responsabilidad compartida en este caso?, cuestionó El Nuevo Día.

“Antes de hacer esa adjudicación, quiero tener clara la bitácora de todos y cada uno de los eventos que ocurrieron, y quiénes estuvieron involucrados desde el día uno”, respondió González.

También, dijo que quiere “pedir una reunión con el Comité Técnico de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para conocer cuál fue el trámite que ellos llevaron a cabo”.

Reveló, de paso, que la decisión de convocar a una reunión surgió tras una reunión con la secretaria de la Gobernación, Norma Burgos, porque “todos los días hay un capítulo nuevo en esta discusión”.

Previamente, González había tildado de “irresponsable” a la JSF por el manejo que dio al contrato de Power Expectations para generación temporal.

“Si la Junta fuera diligente en la revisión de los contratos del gobierno… para empezar, esto fue el 3PPO, que es una compañía privada que yo heredo, porque no es las Alianzas Público Privadas. Es una compañía que hace la evaluación y la selección de todas esas compañías que, por ley, tiene el gobierno de Puerto Rico que seleccionar esa empresa”, dijo, el martes, la mandataria.

Colón, también zar de Energía, ni Mary Carmen Zapata, directora ejecutiva de la AEE, han hablado sobre próximos pasos tras la cancelación del contrato. Mientras, el presidente del 3PPO, Osvaldo Carlo Linares, confirmó que refirió la controversia a las autoridades federales.

El contrato con Power Expectations comprendía un consorcio junto a Enchanted Rock LLC y Reyes Contractor Group para la producción de 400 megavatios (MW), por 10 años, a 22 centavos por kilovatio hora, lo que se traducía en un valor estimado de hasta $5,887 millones. El acuerdo fue cancelado por la AEE, luego de las alegaciones de fraude de ERock, matriz de Enchanted Rock.

Cuestionada sobre si se le mantenía informada de las negociaciones en torno al contrato y los últimos desarrollos, González contestó en la negativa. “No, porque eso no es un proceso que maneje La Fortaleza. Eso es las Alianzas Público Privadas”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de que la controversia afecte hacer negocios del gobierno, incluso con empresas extranjeras, la gobernadora dijo: “A mí, me preocupa el mero hecho de que haya tantas insinuaciones o tantas cosas... está mal. Punto. Por eso, quiero tener esa reunión, porque todo tiene que... para mí, todo el proceso tiene que evaluarse. Todo. Porque yo no quiero que esto vuelva a pasar”.