Tras ser señalada como blanco de una investigación en una orden judicial relacionada con un caso del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en Lajas, la gobernadora Jenniffer González agradeció este jueves a la Fiscalía federal por aclarar que no hay ninguna pesquisa en su contra, y arremetió contra las figuras políticas que se valieron del “error” para atacarla.

“Estoy acostumbrada a que me difamen. He sido víctima de eso desde la pasada campaña electoral. Me alegro muchísimo que la Fiscalía federal haya radicado una moción y que el propio Tribunal Federal, por voz de su juez presidente (Raúl Arias Marxuach), haya puesto, en blanco y negro, que no existe ningún tipo de investigación, ni de cuello blanco ni de cualquier otra categoría, sobre mi persona, porque aquí hay gente que le gusta manchar reputaciones, destruir y asesinar reputaciones, en aras de conseguir las cosas que quieren, y ellos saben quiénes son”, dijo la mandataria, en conferencia de prensa, en La Fortaleza.

La controversia surgió a raíz de una orden judicial emitida por el magistrado federal Marshall D. Morgan, el 23 de octubre, en un caso de armas que, según el documento, emanó de “una investigación de cuello blanco no relacionada (con ese caso) que involucra a la gobernadora de Puerto Rico y una propiedad que le pertenece a su familia”. El documento no precisa si se refiere a la casa de sus suegros, José Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, ubicada en la Reserva Natural La Parguera, que ha sido eje de controversia por supuestas contrucciones ilegales.

Temprano este jueves, la Fiscalía federal sometió una “moción informativa para corregir el récord”, en la que estableció que no existe ninguna investigación contra González.

“Tratar de llevar al Tribunal o la Fiscalía o a los agentes investigadores a error no me parece casualidad. Hay un senador por ahí que está todos los días diciendo que a mí me van a arrestar, hablando incoherencias”, expresó la gobernadora, en obvia referencia al legislador independiente, Eliezer Molina. “(Pero) esto le quedó bien claro al pueblo de Puerto Rico: por voz de un fiscal federal y el juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, no hay ninguna investigación en mi contra. Creo que ya basta”, agregó, luego de vetar el proyecto de ley que congelaba el impuesto al inventario en 2028.

La orden de detención fue emitida contra Daniel García Martín, de 67 años, a quien le ocuparon armas de fuego en su residencia y $104,000 en efectivo durante un allanamiento, en Lajas.

“Dicha orden afirmaba erróneamente que la orden de registro en este caso ‘derivaba de una investigación no relacionada de delitos de cuello blanco involucrando a la gobernadora de Puerto Rico...’”, lee la moción aclaratoria, firmada por el fiscal federal Seth Erbe. “No existe ninguna investigación de delitos económicos (ni de ningún otro tipo) contra la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón”, agrega.

El juez Arias Marxuach indicó, posteriormente, que la corte tomó “conocimiento” de la “corrección” relacionada con González.

Mientras, en una rueda de prensa separada, también en la Mansión Ejecutiva, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, defendió la trayectoria de la gobernadora, e insistió en que ni ella o su familia “son objeto de ninguna investigación”.

“La gobernadora no ha sido entrevistada y no me consta si alguien más ha sido entrevistado. (El magistrado Morgan) se extralimitó, y agradecemos nuevamente a la Fiscalía federal, que es la que, en conjunto con el FBI, hace las investigaciones”, resaltó, en la sesión bisemanal “En Récord” durante la mañana.

El Nuevo Día inquirió si el gobierno de Puerto Rico había solicitado la corrección, pero Domenech se limitó a responder que no se comunicó con la Fiscalía federal, sino que “ellos vieron el récord y quisieron aclarar”.

Recalcó que no entraría en especulaciones sobre la investigación federal o “qué llevó a ese juez (magistrado) a hacer ese tipo de expresiones”, que catalogó de “irregulares”.

En julio de 2023, el esposo de la gobernadora, José Yovín Vargas Llavona, acudió, junto a sus padres, a las oficinas del FBI, en Hato Rey, con relación a la controversia que rodea la residencia de la familia en la zona de La Parguera. En ese momento, el abogado de la familia, Miguel Torres, confirmó que la comparecencia se daba por iniciativa propia, a fin de “canalizar ciertas acciones que ameritan la atención de dicha dependencia”.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) también mantiene una investigación sobre las casetas en La Parguera, incluyendo la de los suegros de la mandataria, por presuntas construcciones ilegales y daños al entorno. Tan reciente como el pasado 22 de octubre, personal de esa agencia reconoció, en una vista pública del Senado, que las casetas “no están legales” en la zona.