Luego de reunirse cerca de dos horas con decenas de alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP), la gobernadora Jenniffer González vetó el Proyecto de la Cámara (PC) 420, que eliminaba el impuesto al inventario a partir del año contributivo 2028.

“Entiendo que, como está la medida redactada, se me hace imposible la firma. No voy a desvestir un santo para vestir otro”, dijo, en conferencia de prensa, rodeada de los alcaldes populares y novoprogresistas, tras la reunión en La Fortaleza.

“Aprobar la medida como está, representa que el gobierno de Puerto Rico tendría que identificar $314 millones el año que viene para poder sustituir los ingresos que estos municipios dejarían de recibir y que van a servicios esenciales”, añadió la mandataria.

Hoy, jueves, vencía el plazo constitucional para actuar sobre la medida, que fue enviada a La Fortaleza el 20 de octubre.

González dijo que volverá a someter el proyecto de ley tal cual fue radicado originalmente, sin considerar la eliminación del tributo.

La mandataria dio a conocer, además, que creó un comité –que será liderado por la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana– para evaluar el impuesto al inventario y proponer fuentes para sustituirlo.

La reunión con más de 50 alcaldes populares y penepés comenzó a las 10:30 a.m., tras ser citados el miércoles para discutir la medida, que –insistían– impactaba fiscalmente los servicios municipales que ofrecen.

Los presidentes de la Asociación de Alcaldes y Federación de Alcaldes, Jorge González Otero y Gabriel Hernández, respectivamente, se mostraron esperanzados desde ayer en que la gobernadora vetaría el PC 420.

González Otero, también alcalde de Jayuya, señaló que “no se puede hablar de eliminar el impuesto al inventario sin establecer antes un sustituto fiscal real y permanente que garantice los fondos esenciales para los municipios y los servicios que recibe la gente”.

El PNP prometió –en campaña– congelar el impuesto al inventario por cinco años, período en el que se le conseguiría un sustituto. Pero la medida fue enmendada para reducir la congelación a tres años y, en 2028, eliminar el tributo sin que se precisara cómo se reemplazarían esos recaudos.

Pese al llamado de los alcaldes para que la pieza fuera devuelta al Capitolio, los líderes legislativos, Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz, rechazaron aceptarla. Incluso, el presidente cameral había comentado, en entrevista en Radio Isla, que se trataba de un “capricho de 78 alcaldes”.

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