Un total de 1,012 custodios de pensionados del gobierno de Puerto Rico incumplieron con su obligación de rendir ante la Junta de Retiro el informe de gastos, correspondiente al 2024, sobre el uso del dinero que reciben en nombre de su tutelado.

Así lo informó este jueves el director ejecutivo de la Junta de Retiro, Arnaldo Ortiz, al advertir que, expirados tanto el término como las prórrogas concedidas para ponerse al día, acudirán a los foros y agencias pertinentes en busca de respuestas.

“No me queda de otra que, cumpliendo con la política pública de este gobierno, ir detrás de esos 1,012 tutores que incumplieron con esa obligación y las consecuencias que surgen de eso”, dijo Ortiz. “Si su tutor incumplió con esta obligación, yo no quiero imaginarme qué otro tipo de situaciones ocurren”, agregó, durante la sesión bisemanal de “En Récord”, en La Fortaleza.

Sostuvo que, cuando llegó a la agencia en abril, el número de custodios en incumplimiento ascendía a 2,500, de un total de 4,000. El informe de gastos se debe rendir ante la Junta de Retiro no más tarde del 31 de enero de cada año.

“Conscientes de que este era el primer año en que se imponía la obligación de rendir el informe de manera electrónica, y reconociendo que no todo el mundo tiene acceso al internet y a mecanismos digitales, se extendió en varias ocasiones la fecha y se permitió rendirlo por la vía ordinaria y, aun así, incumplieron”, señaló Ortiz, al alegar que, en el pasado, “penosamente”, a esta división “no se le daba la atención que se le da ahora”.

Detalló que la determinación de designar un tutor se toma cuando el pensionado público, por razones de salud física o mental, no está en posición de administrar el dinero que recibe de su jubilación.

Como dispone la ley, el tutor debe ejercer prudencia y cuidado en el manejo del dinero, el cual debe ser utilizado para las necesidades primarias del pensionado, como alimentación, vivienda, gastos médicos, medicinas, ropa, agua, luz, transportación, aseo personal y el pago deudas ya contraídas por el tutelado.

Asimismo, debe mantener en ahorro el dinero no utilizado y, como se mencionó, rendir informes de gastos anuales a la Junta de Retiro. Los tutores no reciben pagos o remuneración económica por el servicio.

Ortiz dijo que, de encontrarse en incumplimiento, el tutor podría ser destituido y, con ello, enfrentar posibles consecuencias penales por “los abusos” que se confirme haya cometido. “Volvemos, ante el incumplimiento de su deber legal, eso abre las puertas para creer que hay que ir más allá, sin duda alguna”, aseveró.

Recordó que, recientemente, se aprobó la Ley 118-2025, que amplía la jurisdicción del Negociado de Investigaciones Especiales para intervenir en casos de explotación financiera de adultos mayores.