La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió al gobierno de Puerto Rico que no debe implantar la Ley 14 de 2026, que designa a los oficiales correccionales como servidores públicos de alto riesgo, porque no se identificaron los fondos para sustentar el nuevo mecanismo de jubilaciones en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

“Es fiscalmente irresponsable que el gobierno permita que los empleados se jubilen temprano sin garantizar que sus beneficios de jubilación estén totalmente financiados. Esto obstaculizaría la recuperación financiera de Puerto Rico y devolvería al gobierno a las prácticas de gasto que llevaron a su quiebra y a la promulgación de (la ley) Promesa”, señaló el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, en una carta enviada el lunes a la directora ejecutiva interina de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Vicky González Vega.

Un análisis del gobierno sobre el impacto de la Ley 14 proyectó un aumento de $2.1 millones en obligaciones de pensiones para 38 agentes que podrían retirarse, según la misiva.

Mujica anotó que el gobierno no implantar o hacer cumplir cualquier parte de la Ley 14, “a menos y hasta que la Junta de Supervisión determine que puede implantarse de manera que no contravenga el Plan Fiscal, el presupuesto o el Plan de Ajuste, y que de otro modo cumpla con la ley Promesa”.

El Nuevo Día solicitó y aguarda por una reacción de la secretaria del DCR, Julie Gómez Gómez.

En caso de que el gobierno difiera de lo expuesto en la carta, la JSF solicitó a la gobernadora Jenniffer González que envíe el estimado formal o la certificación de cumplimiento, a más tardar, el 30 de septiembre.

La Ley 14, firmada el pasado 1 de julio, enmienda el “Plan de Reorganización del DCR de 2011”, con el fin de incluir a los agentes de seguridad y protección de la Unidad de Operaciones Especiales como servidores públicos de alto riesgo en virtud de la Ley 447 de 1951, que creó el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno.

Estos funcionarios del DCR tienen a su cargo custodiar a los más de 7,000 confinados y conservar el orden y la disciplina en las instituciones penales y centros de detención, entre otras funciones. Además, pueden perseguir a confinados evadidos y liberados contra quienes pesa una orden de arresto.

Mientras que, para la mayoría de los empleados cubiertos por la Ley 447, la edad de retiro oscila entre los 61 y 65 años, los de alto riesgo pueden retirarse voluntariamente tras cumplir los 55 años de edad y 30 años de servicio y deben retirarse tras cumplir los 58 años de edad y 30 años de servicio.

Al recategorizárseles en julio, estos empleados también son aptos para los beneficios de defunción e incapacidad disponibles en virtud de la Ley 127 de 1958, conocida como la “Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber”.

La JSF advirtió que, al recategorizar a estos oficiales, la Ley 14 requiere que se retiren y comiencen a recibir beneficios de pensiones años antes de lo que se permite actualmente, lo que daría lugar a “un aumento en los costos” que, para el ente, no es fiscalmente sostenible con el presupuesto del DCR.

Estableció, igualmente, que La Ley 14 no contiene “mecanismo alguno” para pagar por sus costos adicionales y requirió una reprogamación presupuestaria de fondos, la cual no ha sido solicitada ni aprobada por la JSF. Al tiempo, Mujica recordó que el ente podría tomar medidas adicionales para evitar la implantación y ejecución del estatuto, avalado por la mayoría de los legisladores en ambos cuerpos.

También el lunes, Mujica hizo el mismo señalamiento de irresponsabilidad fiscal sobre la medida de administración que busca aumentar a $1,000 la pensión mínima de los jubilados del gobierno, al advertir que la medida tampoco cuenta con fondos asignados.