La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió al gobierno que no debe implantar la Ley 14 de 2026, que designa a los oficiales de seguridad y protección de las instituciones juveniles como servidores públicos de alto riesgo, porque no se identificaron los fondos para sustentar el nuevo mecanismo de jubilaciones en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

La Ley 14, firmada el 7 de enero, enmienda el Plan de Reorganización del DCR de 2011, con el fin de incluir a los agentes de seguridad y protección de la Unidad de Operaciones Especiales en las instituciones juveniles como servidores públicos de alto riesgo en virtud de la Ley 447 de 1951, que creó el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno.

“Es fiscalmente irresponsable que el gobierno permita que los empleados se jubilen temprano sin garantizar que sus beneficios de jubilación estén totalmente financiados. Esto obstaculizaría la recuperación financiera de Puerto Rico y devolvería al gobierno a las prácticas de gasto que llevaron a su quiebra y a la promulgación de (la ley) Promesa”, señaló el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, en una carta enviada el lunes a la directora ejecutiva interina de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Vicky González Vega.

Para la mayoría de los empleados cubiertos por la Ley 447, la edad de retiro oscila entre los 61 y 65 años, pero los de alto riesgo pueden retirarse voluntariamente tras cumplir los 55 años de edad y 30 años de servicio, y deben retirarse tras cumplir los 58 años de edad y 30 años de servicio.

Al categorizarlos como de alto riesgo en enero, estos empleados también son aptos para los beneficios de defunción e incapacidad disponibles en virtud de la Ley 127 de 1958, conocida como la Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber.

En respuesta a los señalamientos de la JSF, el presidente de la Federación de Oficiales de Custodia, Juan J. Montero Negrón, solicitó una reunión este miércoles con el ente fiscal para clarificar el impacto de la Ley 14, porque entienden que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) no le informó correctamente.

“Las agencias de gobierno tienen que brindarle la información correcta a la Junta. A diferencia de las (cárceles de) adultos, las instituciones juveniles son un sistema aparte. Nosotros estamos actuando de la mejor buena fe para que esta situación se aclare”, enfatizó Montero Negrón, quien representa 466 unionados, entre ellos, 48 agentes de seguridad y protección de las instituciones juveniles para quienes aplicaría la Ley 14.

El líder sindical explicó que los sobre 400 oficiales de instituciones juveniles, así como el resto del personal de custodia de la población adulta, fueron incluidos en el Plan de Reorganización del DCR de 2011 como personal de alto riesgo, pero dejaron fuera, en ese entonces, a las plazas de los agentes de seguridad y protección de menores transgresores.

“La Ley 14 lo que hace es mencionar textualmente a los agentes de seguridad y protección de las instituciones juveniles. (...) Es para clarificar el estatus de esa clase (de rango). La plaza no va a tener ningún costo en torno al ascenso, porque ocurre cuando un oficial de instituciones juveniles -el cual ya es clasificado como servidor de alto riesgo- cuenta con este beneficio”, apuntó Montero Negrón.

Un análisis del gobierno sobre el impacto de la Ley 14 proyectó un aumento de $2.1 millones en obligaciones de pensiones para 38 agentes que podrían retirarse, según la misiva de la JSF. Pero, para el sindicato, esa cifra tampoco es correcta. Montero Negrón precisó que, este año, solo tres empleados han solicitado retirarse bajo la Ley 14.

El Nuevo Día pidió una reacción de la secretaria del DCR, Julie Gómez Gómez, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

En caso de que el gobierno difiera de lo expuesto en la carta, la JSF solicitó a la gobernadora Jenniffer González que envíe el estimado formal o la certificación de cumplimiento, a más tardar, el 30 de septiembre.

La JSF enfatizó que, al categorizar a estos oficiales, la Ley 14 requiere que se retiren y comiencen a recibir beneficios de pensiones años antes de lo que se permite actualmente, lo que daría lugar a “un aumento en los costos” que, para el ente, no es fiscalmente sostenible con el presupuesto del DCR, un argumento que la unión insiste que está basado en información descontextulizada.

La JSF también levantó bandera esta semana por el Proyecto de la Cámara (PC) 1043 -aprobado por este cuerpo legislativo el 20 de agosto- que busca excluir a los empleados del DCR de las disposiciones de la acumulación de licencia de vacaciones. El PC 1043 duplicaría la razón a la que se acumula la licencia de vacaciones, de 1.25 días a 2.5 días por mes, de acuerdo a otra misiva enviada el martes a los presidentes legislativos. Además, constituiría “una reprogramación presupuestaria no autorizada”.

El lunes, Mujica hizo el mismo señalamiento sobre “irresponsabilidad fiscal” en torno al proyecto de administración que busca aumentar a $1,000 la pensión mínima de los jubilados del gobierno, al advertir que la medida tampoco cuenta con fondos asignados. Además, solicitó que no se diera paso a una resolución conjunta ya aprobada para distribuir $2.5 millones a ocho municipios identificados por su población en vulnerabilidad económica.