El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica, recalcó al Departamento de Educación que, pese a la recuperación de sobre $400 millones en partidas federales que habían sido congeladas más temprano este año, sigue siendo necesario desarrollar un plan para sustituir fondos no recurrentes del gobierno estadounidense o, en la alternativa, lograr ahorros operacionales.

“Reiteramos que el gobierno debe desarrollar una estrategia clara para atender los riesgos financieros y operacionales que surgen de la terminación de financiamiento federal no recurrente. Por lo tanto, la Junta de Supervisión espera que la OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto) y el Departamento de Educación continúen adelantando el plan financiero a largo plazo que se solicitó en la carta del 28 de abril de 2025 (…), incluyendo atender los riesgos del año fiscal 2026 asociados con la continua dependencia de fondos federales no recurrentes y la ausencia de una estrategia financiera sostenible a largo plazo”, escribió Mujica en una carta al jefe de la OGP, Orlando Rivera Berríos.

De la misiva surge que, el 22 de julio, la OGP requirió a Educación devolver al Fondo General el dinero que se le había remitido para cubrir los gastos que habían quedado en el aire tras la cancelación, en marzo, de $401 millones en asignaciones que el gobierno federal había legislado durante la pandemia del COVID-19. El 27 de junio, tras un litigio incoado por el estado de Nueva York –al que el gobierno de Puerto Rico no se unió–, el Departamento de Educación de Estados Unidos reautorizó la continuidad del uso de fondos federales para todas las jurisdicciones.

Pese a que el gobierno estatal recuperó el acceso a los fondos, la JSF puntualizó que las agencias, en términos generales, deben conducir “evaluaciones” que permitan “realizar decisiones informadas sobre cuáles programas deben continuar recibiendo financiamiento del Estado Libre Asociado a la luz de la reducción en fondos federales, y cuáles programas deben eliminarse gradualmente o limitarse para asegurar que los recursos disponibles se distribuyan eficiente y sosteniblemente”.

“Las evaluaciones solicitadas por la Junta de Supervisión deben producir un plan financiero comprehensivo, año a año, detallando cómo se sostendrán actividades recurrentes previamente apoyadas por fondos federales no recurrentes, incluyendo qué programas terminarán, cuáles transicionarán a fuentes con fondos permanentes, qué ajustes o reasignaciones podrían ser necesarias y cómo las reservas financieras o fondos de contingencia se usarán para mitigar déficits”, apuntó Mujica en la comunicación del viernes.

El director ejecutivo de la JSF –organismo que cuenta con un solo integrante luego de seis despidos ordenados por el presidente estadounidense Donald Trump– aludió a otra carta emitida en abril, en la que ordenó al gobierno puertorriqueño crear una oficina que tenga visibilidad de la disponibilidad y gastos de fondos federales. En ese entonces, Rivera Berríos dijo a este diario que la dependencia estaría adscrita a la OGP y que había conversaciones con la JSF para encaminar su creación.

Posteriormente, en junio, un análisis de la JSF concluyó que los fondos federales equivalen al 13.8% del producto interno bruto de Puerto Rico, lo que es tres veces más alto que el promedio en los 50 estados, y que los sectores de educación y salud son los más expuestos en caso de una reducción en las asignaciones no recurrentes del gobierno estadounidense.

Según la JSF, en el año fiscal que concluyó el 30 de junio, el 58% de los fondos federales destinados al Departamento de Educación no eran recurrentes, un riesgo que se combinaba con una alta tasa de dinero disponible no utilizado.

“Tasas más altas de fondos no utilizados presentan riesgos continuos para el presupuesto de Puerto Rico, por lo que es imperativo que Puerto Rico despliegue esos fondos tan rápido como sea posible”, destacó el informe de la JSF.