El Departamento de Justicia determinó no recomendar a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) una investigación en contra del secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, por el manejo del caso de La Parguera pues “no existe causa suficiente”.

“Evaluamos detenidamente los señalamientos... relacionados con intervención indebida, incumplimiento del deber, negligencia y perjurio. También consideramos lo dispuesto en el Artículo 4.2(b) de la Ley de Ética. En ninguno de los aspectos investigados se halló prueba que sustentara una violación penal”, expresó la fiscal Sonia Martínez Ortiz, directora interina de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia.

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, remitió a la OPFEI su recomendación y el informe correspondiente a la investigación preliminar.

El pasado 2 de julio, el senador Luis Javier Hernández Ortiz, del Partido Popular Democrático (PPD), hizo el referido a la agencia pública por considerar que la orden administrativa que suscribió Quiles Pérez sobre el marco jurídico de las casas enclavadas en La Parguera es “ilegal”.

Dicho documento determinaba el archivo del caso sobre la legalidad de estructuras en los mangles de La Parguera, incluyendo una casa que pertenece a los suegros de la actual gobernadora, Jenniffer González Colón, quien, además, designó a Quiles Pérez.

“Hay dos áreas importantes que se están investigando: primero la legalidad de la orden administrativa. Segundo, el tracto que hubo para firmar la misma. Si, en efecto, Anaís Rodríguez (exsecretaria del DRNA) dejó algo en su escrito pendiente que incluía una orden administrativa. Ese es un hecho que se está investigando, y segundo, si había un borrador que incluía el inciso F, que era el que archivaba los casos pendientes en La Parguera, y todos sabemos que uno de los casos pendientes es el caso de los suegros de la gobernadora”, expresó en ese entonces el senador.

El senador Hernández Ortiz había solicitado a la exsecretaria designada de Justicia, Janet Parra, una opinión legal de la orden administrativa. La opinión no fue expedida y, en cambio, Parra refirió el asunto a la División de Integridad Pública y Oficina del Contralor. La fiscal Marie L. Díaz de León condujo la investigación.