La empresa de Ricky Castro ha operado, desde 2008, las tiendas que ofrecen descuentos para los miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico.
La empresa de Ricky Castro ha operado, desde 2008, las tiendas que ofrecen descuentos para los miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico. (Archivo)

El término para presentar propuestas para la concesión de las tiendas militares de la Guardia Nacional de Puerto Rico expira este miércoles, luego de que el Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional (Figna) decidió no renovarle el contrato a Castro Business, empresa operadora de estos comercios por los pasados 14 años y cuyo presidente, Ricky Castro, ha sido vinculado a los donativos fantasmas al comité de acción política Salvemos a Puerto Rico.

Figna, que mantuvo por más de una década el contrato a pesar de señalamientos administrativos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y hasta defendió en los tribunales su reglamento y facultad para mantener el acuerdo, sostiene que la determinación de no renovar el contrato no tiene que ver con el donativo que se registró bajo el nombre de las tiendas National Guard Exchange (NGX).

Ese donativo terminó en Salvemos a Puerto Rico a través de corporaciones sin fines de lucro, Foundation for Progress y Fundación Pro Igualdad, creadas para desviar los fondos al súper PAC que hizo campaña contra los contendientes políticos de Pedro Pierluisi a la gobernación.

El presidente de Salvemos a Puerto Rico, Joseph Fuentes Fernández, se declaró culpable a nivel federal de dar información falsa sobre los donantes de ese Súper Pac, entre los que se encontraba Castro. Su donativo, de $50,000, no se registró bajo el nombre de su compañía Castro Business, sino de NGX, que es el nombre que usa para hacer negocios con sus tiendas militares. Castro no ha sido imputado de ningún delito en relación a estos hechos. El empresario no ha contestado los mensajes de El Nuevo Día para que se exprese sobre la expiración de su contrato.

Según José G. Barea Fernández, asesor legal externo de Figna, no se renovó el contrato a Castro Business porque el Fideicomiso quiere diversificar los servicios que ofrece a su clientela en estas tiendas, como por ejemplo servicios de cafetería.

Según el abogado, el Fideicomiso Institucional “protege tres fideicomisos que son dinero que se reservan con los ingresos que se obtienen de estas tiendas para estudios, anualidades de los guardias nacionales, para servicios fúnebres, para ayudar a la educación de los hijos”.

“Ese es el propósito y no es solamente vender cigarrillos y alcohol, verdad, que es por lo que se conocen las tiendas, sino darles muchas otras alternativas, uniformes, tener la oportunidad de tener una cafetería, otra visión que se quería renovar”, añadió.

La determinación de abrir un proceso de Requerimiento de Propuestas (RFP, en inglés) se tomó entre abril y mayo de este año, dijo Barea Fernández. Fue el 5 de mayo de 2022 que Fuentes Fernández, quien es amigo del gobernador Pierluisi, hizo alegación de culpabilidad por falsificar, ocultar o encubrir, mediante esquema, la identidad de los donantes quienes aportaron $495,000 a la campaña de Salvemos a Puerto Rico.

No obstante, a pesar de lo casi simultáneo que se dan ambas cosas, el abogado de Figna sostiene que ambos hechos no están relacionados.

“Si se hubiese declarado culpable o si se radican cargos, automáticamente termina el contrato”, reconoció Barea Fernández. Sin embargo, descartó que la decisión de no renovar el acuerdo se fundamente en una expectativa de que se pudieran presentar cargos contra el operador de las tiendas o que sea una represalia.

“Si él cayera en una condición como esa, pues, entonces hay que inmediatamente cancelarle el acuerdo. Eso, pues, hasta ahora, que yo sepa no ha sucedido”, insistió.

El 8 de junio de este año hubo una reunión en la que entre 15 a 16 individuos o entidades mostraron interés en presentar propuestas. No obstante, será el miércoles 22 de junio cuando vence el término para presentarlas.

Barea Fernández dijo que no estaba autorizado a informar los nombres de las personas naturales o jurídicas que comparecieron a la reunión del 8 de junio y si todas son locales o hay entidades foráneas. Como tampoco podía indicar si Castro Business o alguna otra entidad asociada con Ricky Castro compareció como interesado en participar del proceso.

El abogado aclaró que no existe ningún impedimento legal o reglamentario para que Castro Business o su presidente compitan para obtener la concesión de las diez tiendas distribuidas alrededor de la isla.

El asesor legal de Figna explicó que buscan un solo operador para las diez tiendas porque quieren que haya uniformidad en los ofrecimientos de productos y servicios “porque así el guardia nacional que vive en Mayagüez, recibe los mismos servicios que recibe el que vive en San Juan”.

Una vez se presenten las propuestas, el proceso que sigue es verificar que cumplan los requisitos, se adjudique y se anuncie el nombre del seleccionado.

El Reglamento de Concesionarios y la renovación automática que hacía Figna de los contratos de Castro Business sin que se abriera a un proceso de competencia fue impugnada en el Tribunal, en el 2017, por parte de una entidad jurídica de nombre 706, LLC. El caso se desestimó por la incomparecencia de 706, LLC a mitad del proceso y el Tribunal no obligó a abrir un proceso de licitación.

No obstante, Figna terminó por enmendar su reglamento de concesionarios en conjunto con el Departamento de Hacienda para que estableciera más especificidad en términos de la publicación de edictos y avisos de RFP, explicó el abogado. También la OCPR había hecho señalamientos al respecto.

Asimismo, la práctica de Figna de mantener durante 14 años las tiendas militares a manos de Castro Business sin abrir un proceso de licitación también dio paso a una pesquisa en la División de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia y posteriormente a la división de Integridad Pública, supo El Nuevo Día. La investigación no se ha cerrado.

“Confirmamos que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia investiga una querella recibida en la División de Asuntos Monopolísticos, sobre una funcionaria que laboraba en asuntos relacionados con las contrataciones en la Guardia Nacional”, señaló la agencia a través de su portavoz Joan Hernández. “Debido a que se trata de una investigación en curso, no podemos emitir comentarios adicionales”, agregó a este diario.

El primer contrato entre Castro Business y Figna tuvo un término entre septiembre de 2008 a septiembre de 2012, cuando se le renovó, otra vez, por cuatro años más. Un tercer contrato tuvo vigencia de junio de 2017 a junio de 2021 y entonces se le extendió hasta el 30 de junio de 2022.

Barea Fernández dijo que no conoce de la presunta investigación en Justicia y que solo sabe que la OCPR ha hecho requerimientos de información al Fideicomiso como parte de sus procesos de auditoría.

Señaló que se tiene que ser “bastante rigurosos con las ventas en las tiendas” porque los productos que allí se venden no pagan arbitrios “y por lo tanto son ventas que se hacen exclusivamente en las tiendas de la Guardia Nacional y para compra exclusiva de sus participantes”.

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