El secretario de la Gobernación y director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Francisco Domenech, rechazó que la destitución de cinco de los siete integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por parte de la administración de Donald Trump suponga una paralización en las gestiones pendientes del organismo, entre las que destaca la renegociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

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“Continuaré sosteniendo las reuniones y comunicaciones semanales que hemos realizado desde el comienzo del cuatrienio, con el director ejecutivo de la JSF, el señor Robert Mujica, así como con el resto del personal de la JSF. Los asuntos pendientes siguen en pie, así como el plan de manejo y trabajo de los próximos temas a tratarse. Nada ha cambiado, lo que incluye el seguir adelantando los temas de energía, restructuración de la deuda de la AEE, el cumplimiento con el plan fiscal, entre otros", expresó Domenech por escrito.

“Como suele suceder comúnmente en empresas privadas y públicas, se trata de continuar trabajando de la misma manera y con los mismos propósitos, con una cantidad distinta de miembros. Al mismo tiempo, toda esta labor que hemos realizado y continuaremos ejecutando, es en aras de lograr que la JSF cese de operar en Puerto Rico y nuestros líderes electos sean los que, en última instancia, tomen todas las decisiones de gobernanza en nuestra isla. Igualmente, una vez el presidente Donald Trump haga las designaciones de los cinco nuevos miembros de la JSF, procuraremos una reunión entre la gobernadora (Jenniffer González) y este servidor para establecer una efectiva relación de trabajo con los mismos”, abundó el funcionario.

Aunque no trascendió públicamente hasta la noche del lunes y la JSF no lo reconoció hasta el día siguiente, el pasado viernes personal de Casa Blanca notificó los despidos de los cinco integrantes: el presidente y exjuez de quiebras Arthur González; y a los puertorriqueños Cameron McKenzie, expresidente de la Cámara de Comercio; el inversionista Juan Sabater; la educadora Betty Rosa; y el ejecutivo Luis Ubiñas.

Del grupo de siete, solo sobrevivieron el experto en pensiones Andrew Biggs y el exjefe de Presupuesto en los estados de Utah y Michigan John Nixon, ambos nominados en pasados años por líderes congresionales republicanos.

Conocedores de la ley Promesa y analistas políticos han anticipado que, tras los despidos, la administración de Trump llenará las vacantes con figuras alineadas con los reclamos de los bonistas de la AEE, que reclaman cerca de $9,000 millones, frente a la oferta más reciente de $2,600 millones por parte de la JSF.

De momento, se desonoce si alguno de los cinco directivos removidos impugnará su destitución, que, conforme a Promesa, debe estar fundamentada en alguna causa.

“Todo el pueblo puede estar seguro y tranquilo de que el manejo de esta situación se realizará con el compromiso contraído desde el primer día, procurando siempre el bienestar general de todos en Puerto Rico y este vestigio de nuestra condición colonial desaparezca en el menos tiempo posible”, insistió Domenech.