La gobernadora Jenniffer González insistió este lunes en que no debe haber razones para que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) objete su nueva propuesta de alivio contributivo, ya que afirma que el gobierno tiene disponibles los $554 millones que costaría el incentivo que se otorgaría a manera de reembolso a aquellos contribuyentes individuales con ingresos netos de hasta $150,000.

“No debe haber ningún ‘pero’”, subrayó la mandataria a preguntas de El Nuevo Día, durante una rueda de prensa en la que anunció un incentivo a productores de ron.

La Resolución Conjunta de la Cámara (RCC) 278 estaba este lunes ante la consideración de la Legislatura, y ambas cámaras se disponían a aprobarla de inmediato para asegurar su pronto envío a La Fortaleza para la firma de la mandataria.

“Esto es un dinero de economías, dinero que el gobierno de Puerto Rico tiene en balance. Tiene en caja. Si la preocupación era que esto pudiera ser de manera permanente, que no estuviera la totalidad en caja, ahora lo tiene. Hay una certificación que estipula que tenemos más de lo requerido”, señaló la primera ejecutiva.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, aseguró el domingo que habían enviado al Senado y la Cámara de Representantes una certificación que consigna que el gobierno cuenta con más de $800 millones para absorber el impacto fiscal de los cheques, que beneficiarían entre 600,000 y 700,000 contribuyentes, según estimados del Departamento de Hacienda.

La gobernadora dijo que este martes miembros de su equipo fiscal se reunirán con personal de la JSF. También sostuvieron un encuentro el pasado viernes, precisó.

“No pueden decir que no han discutido esto, porque llevamos más de un año discutiendo esto. Claro, ellos tienen sus propuestas, nosotros tenemos las nuestras, y yo creo que, al pueblo de Puerto Rico, no se le debe seguir negando el acceso a su dinero”, sentenció González.

“No podemos perder de perspectiva que las visiones de la Junta de Supervisión Fiscal, evidentemente, no están de acuerdo a las aspiraciones del pueblo de Puerto Rico. La Junta va por un lado y el pueblo va por otro, y como gobernadora, mi función aquí no es hacerle caso a la Junta, es buscar los beneficios a la gente”, sentenció González sobre su nueva propuesta.

El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, indicó el viernes a este medio que la nueva propuesta contributiva había surgido por voluntad de la mandataria y el liderato legislativo. La iniciativa fue anunciada la noche del jueves como un plan alterno al proyecto de reforma contributiva ante las advertencias de legisladores de que no habría tiempo para aprobar y ejecutar esa medida antes de la fecha límite de radicación de planillas, el 15 de abril.

El jueves, no obstante, la JSF confirmó a El Nuevo Día que desde la semana anterior habían comenzado conversaciones con el Ejecutivo y el Legislativo para identificar algún mecanismo de alivio contributivo temporal mientras se evaluaba la propuesta legislativa que enmendaría el Código de Rentas Internas.

En declaraciones escritas, la JSF dijo, entonces, que estarían “dispuestos a considerar un crédito no recurrente para individuos contribuyentes, que se distribuirá entre un grupo identificado de contribuyentes y se financiaría con recursos que tendrían que identificarse específicamente en el presupuesto”.

Al mismo tiempo, la Asamblea Legislativa evalúa la propuesta original de reforma contributiva sometida por la gobernadora, que, entre otras cosas, reduciría las tasas contributivas y aumentaría las deducciones por dependientes. Ambas cámaras aún aguardan por documentos solicitados al Departamento de Hacienda y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Bajo la administración de Pedro Pierluisi, la JSF dio paso a lo que se conoció como un “incentivo reintegrable”, que consistió en dar un cheque como alivio a los contribuyente a base de su responsabilidad contributiva. La iniciativa tuvo un impacto fiscal de $250 millones.

Cuestionada sobre cómo explicar o cómo justificaría ante la JSF su propuesta, que es más costosa que la de Pierluisi, la gobernadora respondió: “Yo no lo hice a base de lo que se dio (en el pasado)”.

“Nosotros no estamos buscando duplicar (costos)... A base de las escalas contributivas, nos hemos dado cuenta que el gobierno de Puerto Rico penaliza al que produce, penaliza al que trabaja, le quita más dinero de su bolsillo del que debiera. Ante eso, la visión del gobierno es reducir su gasto público, devolverle eso a la gente para que la gente pueda gastarlo”, explicó la primera ejecutiva.