Como parte de la estrategia en desafío a las exigencias de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la Asociación de Alcaldes acordó este miércoles contratar los servicios de un contador público autorizado (CPA) que analice cuál sería el impacto, en las arcas municipales, de no cobrar arbitrios de construcción, cargo que el ente que controla las finanzas públicas alega se aplica con una tasa más alta a los proyectos de reconstrucción pagados con fondos federales.

“El CPA tiene que ver toda la cuestión de los arbitrios de construcción, que estén cónsonos con la ley. Y, en caso de ir a la corte, pues ir como perito”, indicó a El Nuevo Día Jorge González Otero, alcalde de Jayuya y presidente del organismo que agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Popular Democrático (PPD).

Tras una reunión de la matrícula, la Asociación de Alcaldes encomendó a González Otero ponerse en comunicación con el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, para que se adopten acuerdos colectivos en función de todos los municipios.

Ambas organizaciones que agrupan a los alcaldes mantienen su ofensiva contra la directriz de la JSF, de que no se cobren arbitrios de construcción en aquellos proyectos financiados con fondos federales, y han advertido sobre la posibilidad de llevar su reclamo a los tribunales.

Hernández, alcalde de Camuy y líder del grupo que reúne a los alcaldes novoprogresistas, no contestó llamadas de este medio.

González Otero enfatizó que, durante el cónclave, plantearon que ningún municipio cobra arbitrios de construcción con tasas distintas. Es decir, una tasa contributiva para proyectos estatales y otra para aquellos pagados con dinero federal.

“Sabemos que eso (tener dos tasas contributivas) es en contra de la ley”, dijo el alcalde.

No obstante, fuentes de este medio aseguran que hay ayuntamientos que cobran el cargo a tasas diferenciadas.

La JSF ha enviado comunicaciones a los alcaldes para pedir que no pongan en vigor las leyes 141 y 215 de 2024. La primera ajustó el Código Municipal para aumentar de $200,000 a $500,000 la cantidad requisito para celebrar una subasta pública, mientras que la segunda incluyó “enmiendas técnicas y aclara ciertas disposiciones” del Código Municipal, que contempla el cobro de arbitrios, que, junto a las remesas y patentes, son las tres fuentes principales de ingresos de los ayuntamientos.

Asimismo, en una comunicación la semana pasada, la JSF le dijo al congresista republicano Paul Gosar (Arizona) que examina las contribuciones municipales en cuanto a la supuesta tributación a tasas distintas.

El 15 de septiembre, el Departamento de la Vivienda circuló una carta a los alcaldes, motivada por una comunicación escrita de su equivalente federal, el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por en inglés), en la que pide “presentar una certificación de los municipios que realizan cobro de arbitrios de construcción más altos o distintos por razón de que un proyecto esté financiado, en todo o en parte, con fondos federales”. La información debe ser provista a Vivienda en o antes del 25 de septiembre.

El alcalde de Jayuya dijo que se mantienen firmes en desacatar la directriz de la JSF respecto a las leyes 141 y 215 de 2024.

González Otero indicó, además, que la Asociación acordó acudir como amigo de la corte en el pleito que llevará el Municipio de Aguada, ante el Tribunal de Apelaciones, contra un contratista de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que pagó arbitrios de construcción al ayuntamiento bajo protesta, y el asunto terminó en corte.

Tan reciente como el 9 de septiembre, el Tribunal de Primera Instancia de Aguada falló a favor del contratista Román Electric Contratos, que alegó que, tras haber formalizado un contrato con la AEE, no debía pagar arbitrios de construcción porque le cobija la exención total del pago de contribuciones del que goza la corporación pública.