La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) confirmó este martes que no mantiene una investigación activa contra el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, por el supuesto uso indebido de un vehículo oficial.

La aclaración surgió luego que Negrón Reichard incluyó, como anejo de una querella presentada contra el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, ante el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), una captura de pantalla de un mensaje anónimo en el que se hacía referencia a una presunta querella ante la OEG por ese asunto.

La OEG confirmó, además, que recibió copia del escrito sometido por Negrón Reichard ante el PFEI contra Domenech y que la información será referida al Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo (AIPA) para ser evaluada como parte de la investigación que la agencia mantiene contra el secretario de la Gobernación.

“Podemos confirmar que recibimos copia del documento en la Oficina”, expresó el director ejecutivo de la OEG, Luis A. Pérez Vargas, en declaraciones escritas.

“El licenciado Negrón menciona que el escrito forma parte de un proceso penal que ya está siendo atendido por el PFEI. No obstante, la información será referida al AIPA para que sea evaluada como parte de la investigación que al presente se conduce en la OEG contra el secretario de la Gobernación”, añadió.

Sobre el señalamiento relacionado con el vehículo oficial, Pérez Vargas explicó que el asunto fue evaluado por el Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo luego de que se recibiera una solicitud de investigación el 19 de mayo de 2026.

“Tras la revisión realizada, se determinó que la OEG referirá este asunto a la Administración de Servicios Generales (ASG), pues esta es la agencia llamada a investigar, en primera instancia, el uso indebido de vehículos oficiales de funcionarios sujetos a la Ley Núm. 60-2014, según enmendada, conocida como la Ley Uniforme de Vehículos Oficiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, indicó.

El funcionario sostuvo que la determinación responde a la opinión del Tribunal Supremo en OEG v. Díaz Atienza, que estableció que la ASG es la entidad con peritaje en los asuntos relacionados con la flota vehicular del gobierno de Puerto Rico.

También señaló que la ASG emitió recientemente el Boletín Informativo Núm. 2026-05, en el que reiteró su facultad para investigar y fiscalizar el uso de vehículos oficiales conforme a la Ley 60.

La comunicación de la OEG ocurre en medio de la controversia pública generada por la querella presentada por Negrón Reichard ante el PFEI contra Domenech.

En el escrito, el exsecretario del DDEC formuló señalamientos sobre presuntos patrones de intervención del secretario de la Gobernación en asuntos administrativos de la agencia, incluyendo nombramientos, suspensiones sumarias y decretos de créditos contributivos.

El documento también recoge presuntas gestiones directas del secretario de la Gobernación ante el DDEC relacionadas con decretos de créditos contributivos, incluyendo uno vinculado a una entidad que, según la querella, fue representada previamente por Domenech durante su paso por una firma de cabildeo.

Además, los supuestos mensajes de texto que acompañan la querella revelan conversaciones en las que el jefe de gabinete presuntamente expresa que no favorece nombramientos de personas externas al Partido Nuevo Progresista (PNP) en puestos de confianza.

Los mensajes también aluden a conversaciones entre ambos funcionarios sobre la renuncia de Norberto Almodóvar como secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), pagos pendientes a Luis Sánchez —pareja de la subsecretaria de la Gobernación, Itza García— y cuestionamientos sobre si el director de comunicaciones del DDEC era o no PNP.

Negrón Reichard plantea que estos hechos podrían ser incompatibles con el rol del funcionario y constituir posibles violaciones al Código Penal de Puerto Rico y a la Ley de Ética Gubernamental, entre otras disposiciones legales.

Domenech, por su parte, rechazó las alegaciones contenidas en la querella y sostuvo que estas incluyen “afirmaciones incorrectas”, carecen de contexto relevante y presentan una versión “distorsionada” de los hechos.

“Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, los asuntos planteados serán atendidos y aclarados en los foros correspondientes, donde prevalecerán los hechos y la evidencia”, expresó el secretario de la Gobernación.