Una alianza de organizaciones compuesta por Taller Salud,Proyecto Matria, ProFamilias, Hispanic Federation y Mujeres Ayudando Madres pidió este jueves a la gobernadora Jenniffer González Colón una audiencia en La Fortaleza para discutir las repercusiones que tendría la firma del Proyecto del Senado 923 (PS 923), que enmienda el Código Penal para tipificar como asesinato la muerte de un concebido no nacido.

La medida, que más tarde fue convertida en ley, se encontraba bajo la consideración de la mandataria desde hace poco más de una semana, luego de que el Senado concurriera con las enmiendas incluidas en la legislación por la Cámara de Representantes.

En un comunicado enviado el jueves en la mañana, las organizaciones expresaron que la firma de este proyecto implicará efectos adversos para la vida y la salud de las mujeres en Puerto Rico, así como para el marco jurídico y legal que rige la práctica de los profesionales de la salud.

La directora ejecutiva de Taller Salud, Tania Rosario Méndez, explicó que su interés era dialogar con la mandataria para exponerle cuáles son los riesgos que expone la medida.

“Solo le pedimos audiencia antes de considerar firmar este proyecto. Este veto atendería la solicitud de miles de profesionales de la salud y de las entidades que sirven a las mujeres en Puerto Rico, y más importante aún, garantiza el derecho a acceso de servicios de salud seguros”, sostuvo Rosario Méndez.

Por esa línea, la directora principal de Hispanic Federation en Puerto Rico, Charlotte Gossett Navarro, expresó que “el Proyecto 923 representa un retroceso y un ataque a la salud y derecho de las mujeres. Nuevamente se amenaza con criminalizar a un sector de la población ya vulnerabilizado de por sí”.

La directora también apuntó que la forma en que la medida fue aprobada representa una amenaza a la participación ciudadana, pues la misma bajó sin vistas públicas y por descargue.

“La violencia ejercida a través de la implementación de política pública que impacta directamente cualquier servicio de salud esencial para una mujer es coerción reproductiva”, acotó, por su parte, la directora ejecutiva de Proyecto Matria, Enid Pérez.

Mientras, la directora interina de ProFamilias, Yaritza Ocasio, abundó que “las terminaciones de embarazo son parte del cuidado de salud. Limitar, criminalizar o confundir este acceso pone en riesgo vidas, retrasa la atención médica y crea barreras innecesarias para decisiones que deben ser clínicas, informadas y personales”.

Asimismo, la partera y directora de Mujeres Ayudando Madres, Vanessa Caldari, explicó que aunque afirma la vida en todas sus expresiones, las determinaciones relacionadas con la salud reproductiva deben ser una elección libre de cada mujer y persona gestante.

“Apoyar la reproducción humana implica confiar en las personas, respetar sus decisiones y garantizar acceso a cuidado informado, compasivo y basado en evidencia, no imponer control sobre sus cuerpos. Defender la vida también es defender los derechos reproductivos”, sostuvo Caldari.

Las cinco organizaciones reafirmaron su compromiso de continuar movilizando esfuerzos de abogacía, comunitarios y educativos con el propósito de defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y comunidades.

En diciembre de 2025, el Proyecto del Senado (PS) 504, que reconocía al no nacido, o nasciturus, como una “persona natural”, también fue rechazado por más de 300 médicos de diversas especialidades mediante una carta abierta. Luego -y a pesar de los reclamos de estos profesionales, así como de múltiples entidades civiles y profesionales del derecho, la gobernadora lo convirtió en ley.