El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, solicitó este martes que el nombramiento de Arthur Garffer como secretario de Estado sea retirado.

El también presidente del Partido Popular Democrático (PPD) indicó que la designación del general de brigada, que actualmente es secretario del Departamento de Seguridad Pública, no cumple con los requisitos para tomar las riendas del Departamento de Estado.

“La gobernadora debe retirar el nombramiento de Arthur Garffer porque no cumple con el requisito constitucional de residencia para ocupar la Secretaría de Estado”, sostuvo Hernández, en declaraciones escritas.

“Este error es producto de gobernar pensando en titulares más que en el servicio público. El nombramiento fue hecho apresuradamente para diluir la noticia del retiro del nombramiento de Janet Parra, a expensas de un ‘background check’ sencillo y responsable”, agregó.

Tras cuestionamientos del PPD sobre la elegibilidad de Garffer, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, solicitó una certificación electoral, que fue producida posteriormente por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

A través de un documento suscrito por el secretario del ente electoral, Rolando Cuevas, confirmó, entre otras cosas, que, entre 2012 y 2024, Garffer participó en 10 eventos eleccionarios en el condado de Martin, en el estado de Florida, incluyendo elecciones generales y primarias.

“Como presidente del Partido Popular Democrático (PPD), reconozco el trabajo fiscalizador de nuestros portavoces legislativos. Luis Javier Hernández y Héctor Ferrer fueron los primeros en denunciar la posible inconstitucionalidad del nombramiento”, señaló Hernández.

“Fueron ellos quienes revelaron que Garffer está registrado como elector activo en Florida, y quienes exigieron acceso al expediente oficial de su nombramiento al DSP, donde encontraron más información relevante para evaluar su residencia”, afirmó.

Rivera Schatz dijo, durante la sesión legislativa del lunes, que le cursó una comunicación a Garffer para que entregue al Senado copia de los expedientes militares y financieros que permitirían confirmar su lugar de residencia por los pasados cinco años. Hasta tanto no se reciba toda esa información y no se despejen todas las dudas, no atenderán la designación, confirmó Rivera Schatz temprano.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que “nadie podrá ser gobernador a menos que, a la fecha de la elección, haya cumplido 35 años de edad, y sea y haya sido, durante los cinco años precedentes, ciudadano de los Estados Unidos de América y ciudadano y residente bona fide de Puerto Rico”. Esos requisitos aplican también a la secretaría de Estado, que es el primer cargo en el orden sucesoral ante la ausencia o vacante del gobernante.