Aunque está dispuesto a que, al final del día, el asunto se atienda en una nueva legislación, el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, insistió este lunes en que, entre las enmiendas que propone el organismo al Código Municipal, no existe un nuevo impuesto asociado al uso del celular, como se ha discutido públicamente.

“En ningún momento, se impone un impuesto nuevo o una contribución al comerciante o residente que tiene un teléfono”, subrayó Hernández, en entrevista con este medio, al reiterar que el Proyecto del Senado 615 –presentado a petición de la organización que preside– lo que busca es atemperar la definición de “canal de voz”, la cual no fue actualizada, en 2020, cuando se aprobó el nuevo Código Municipal.

El también alcalde de Camuy sostuvo que, si bien algunas empresas de telefonía pagan impuestos por el componente de “canal de voz”, otras están en incumplimiento porque supuestamente no remiten lo que cobran a sus clientes al Centro de Recaudacion e Ingresos Municipales (CRIM), como corresponde.

“El teléfono que usted goza y del que yo gozo tiene múltiples salidas de cómo llega la comunicación a través del canal de voz. Hay compañías pagando esa contribución, pero las demás le están cobrando ese cargo de servicio al ciudadano y no lo están remitiendo al CRIM”, aseguró. “La medida lo que hace es que le da las garras para que Hacienda y el CRIM puedan fiscalizar este cargo”, subrayó Hernández.

Al preguntársele hacia dónde va ese dinero que, sostiene, algunas empresas de telefonía cobran a los clientes, pero no lo transfieren al CRIM, el líder de los alcaldes del Partido Nuevo Progresista respondió: “Eso habría que preguntárselo a ellos, porque, ahora mismo, no quieren dar esa información, así como tampoco datos como el número de porteadores de teléfono”.

La medida en controversia define “canal de voz” como “los distintos medios tecnológicos de las telecomunicaciones, como líneas telefónicas, códigos de acceso, redes móviles, troncales, tecnología de conexión de datos en cualquier formato, género y aplicaciones, incluyendo, transmisión de la voz, datos análogos, digitales o facsímiles; líneas análogas u otras similares del ámbito de la telecomunicación, que permiten realizar llamadas y la transmisión de voz, audio y datos entre dos o más personas, dispositivos o sistemas”.

Incluye, además, “los elementos de postes y accesorios relacionados (bajantes, anclas); los cables en sus diferentes ambientes (aéreo, enterrado, soterrado) junto a sus estructuras asociadas (alambre mensajero, terminales, corridas de conductos y registros); antenas y sus estructuras relacionadas, gabinetes de interconexión; bobinas y repetidores; terminales de equipo de ganancia de pares”, entre otros.

La gobernadora Jenniffer González dijo el domingo que, al momento, optaría por no firmar el proyecto de ley que, según las empresas de telecomunicaciones, implicaría un alza de hasta en $50 en la factura mensual del celular. No obstante, la primera ejecutiva reconoció que la medida atiende asuntos puntuales para los municipios, por lo que sigue bajo evaluación de su equipo técnico.

Además del presunto impuesto por el uso del celular, el proyecto propone un nuevo esquema para la aprobación del sueldo de los alcaldes y alcaldesas, y altera el proceso de expropiaciones municipales.

Hernández sostuvo que González está de acuerdo con el 90% de las enmiendas incluidas en la legislación. “La gobernadora ha tenido mucha apertura y comunicación conmigo y, una vez se dilucide cuál va a ser la ruta a seguir, la comunicaremos. Pero me reitero que esto no es un impuesto al celular”, dijo al atribuirle la controversia generada a una “campaña de desinformación”.

González tiene hasta el 15 de agosto para firmar la medida, dijo Hernández. De lo contrario, se consideraría un veto de bolsillo. El alcalde de Camuy destacó, sin embargo, que está también la posibilidad de que el Senado se autoconvoque para considerar la pieza.

“He estado en conversaciones con el presidente del Senado (Thomas Rivera Schatz) para que se devuelva al Senado el proyecto, trabajar unas enmiendas rápidas y que se excluya el canal de voz de la medida y que sea la Junta de Telecomunicaciones quien haga esa definición”, dijo Hernández.

La gobernadora dijo el domingo, sin embargo, que el término de 10 días para devolver una medida al cuerpo de origen ya venció.

“Lo que queremos es que cada compañía pague lo que le corresponda. Esto va a ser una justa compensación para las compañías porque van a estar en igualdad”, expuso al cuestionar cómo la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones (APT) concluyó que la legislación tendría un impacto de $1,000 millones que saldrán del bolsillo de los consumidores.

“Si todo el mundo cumple con su responsabilidad contributiva, la carga al ciudadano va a ser siempre mucho menor”, apuntó Hernández.