La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) separó casi $500,000 de su presupuesto para sufragar los salarios de los empleados federales que trabajan en el Bosque Nacional El Yunque y los castillos San Felipe del Morro y San Cristóbal, lo que habilitará sus respectivas reaperturas mientras el Congreso y el presidente Donald Trump siguen enfrascados en un impasse presupuestario que ha mantenido al gobierno de Estados Unidos parcialmente cerrado desde inicios de mes.

“Son las atracciones turísticas manejadas por (el gobierno federal) que reciben miles de visitantes al día y tiene un impacto directo en nuestra economía. Tener estas facilidades cerradas literalmente pon e en riesgo la oferta turística de Puerto Rico al ser tres de los ‘sites’ más emblemáticos”, dijo la gobernadora Jenniffer González.

En conferencia de prensa desde La Fortaleza, se precisó que el centro de visitantes de El Yunque reabrió hoy, martes, mientras que El Morro y San Cristóbal lo harían entre jueves y viernes. En las pasadas dos semanas, el acceso a las veredas y otras áreas naturales de El Yunque no se había visto afectado.

Acompañada de la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel; el supervisor de El Yunque, Keenan Adams; y el alcalde de Río Grande, Ángel “Bori” González Damudt, la gobernadora indicó que la reapertura de los tres espacios fue producto de gestiones en las que intervinieron la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, el Servicio de Parques Nacionales y el Servicio Forestal de Estados Unidos.

González recordó que, entre 2018 y 2019, en medio de otro cierre federal, se había logrado un acuerdo similar para mantener abiertos El Morro y San Cristóbal. En aquel entonces, el centro de visitantes de El Yunque, conocido como El Portal, permaneció cerrado porque se encontraba en remodelación.

De momento, la asignación de la CTPR totaliza $486,926.40, lo que cubre la nómina de empleados y gastos operacionales por un período de 30 días.

“La CTPR tiene un fondo operacional dirigido, precisamente, a este tipo de causas; para trabajar la infraestructura de Puerto Rico y cualquier situación que tenga que ver con el manejo del destino. No es un dinero que nos hace algún desfase en nuestro presupuesto, porque está ahí para utilizarse cuando sea necesario”, expresó Robles Cancel.

Adams, en tanto, dijo que este tipo de acuerdos normalmente se hace para algunos de los parques naturales de mayor importancia a nivel nacional en Estados Unidos, como Yellowstone, en Wyoming, y Yosemite, en California.

“Yo represento a mis compañeros alcaldes del área este, que se ven impactados por este cierre. Cuando se menciona que una facilidad como El Portal está cerrada, eso trasciende hasta al que planifica desde los Estados Unidos y dice que viene a Puerto Rico porque quiere vivir la experiencia de lo que es el bosque”, señaló, por su parte, el ejecutivo municipal de Río Grande.

La gobernadora, de otra parte, señaló que instruyó a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, a evaluar la viabilidad de extender, a modo de emergencia, los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) a los empleados federales residentes en Puerto Rico que se han quedado sin cobrar su salario debido a las disputas entre republicanos y demócratas.

Mientras, González también anunció que, desde hoy, martes, se habilitó el sistema denominado como CESCO Cash Digital, unos 250 puntos de venta en establecimientos como bancos, cooperativas de ahorro y crédito, farmacias y gasolineras desde donde los usuarios podrán realizar en efectivo las transacciones como renovaciones de licencia o marbetes, traspasos y pagos de multas que, previamente, solo se podían hacer mediante tarjeta de crédito o visitando una colecturía.

La primera ejecutiva citó un estudio de la compañía Mastercard que estimó que el 53% de la población de Puerto Rico carece de una tarjeta de crédito y un 60% no tiene cuenta bancaria.

En noviembre, en tanto, también se hará disponible el sistema de AutoExpreso Directo, que permitirá, desde los mismos puntos, realizar hacer los pagos pendientes por concepto del uso de peajes.

El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, precisó que la intención es expandir los puntos de venta a más de 1,000.

De acuerdo con González, el desarrollo de ambas iniciativas surgió del análisis continuo que encamina la coordinadora de la Iniciativa de Desreglamentación y Eficiencia Administrativa, Verónica Ferraiuoli Hornedo, para descartar normativas obsoletas y promover la agilidad en el aparato estatal.

“El reto fue hacer que las agencias trabajaran mejor y más coordinadas. En este proceso, trabajamos con el DTOP, que lideró la operación del CESCO y AutoExpreso y permitió integrar los nuevos métodos de pago de forma segura, y (el Departamento de) Hacienda, que garantizó que cada pago se reflejara correctamente y con transparencia en el sistema SURI”, dijo Ferraiuoli Hornedo.