A pesar del revés en la Asamblea Legislativa, el secretario del del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, volvió a defender la propuesta de su jefa, la gobernadora Jenniffer González, que concedería licencias de ocupación a las estructuras existentes en el litoral de la Reserva Natural La Parguera, en Lajas, y afirmó que medidas similares a las contempladas en la legislación se llevarán a cabo en otras zonas.

Insistió, además, en que las estructuras no son ilegales, contrario a expresiones hechas durante una audiencia pública en el Senado por el secretario auxiliar de Conservación e Investigaciones del DRNA, Farel Velázquez Cancel, quien en diciembre -dos meses después de la comparecencia- abandonó el cargo para regresar a su puesto de carrera en la agencia, confirmó el titular.

Quiles aseguró que el cambio no estuvo relacionado con las expresiones hechas por Velázquez Cancel en la audiencia.

“Él ya, anteriormente, me había expresado que quería volver a su puesto de carrera y en ese fue lo que quedamos. Nada tuvo que ver con el evento de octubre de la deposición”, argumentó el secretario.

Velázquez Cancel dijo durante la vista pública que las estructuras “nunca debieron estar ahí”, en referencia al litoral de La Parguera.

El Proyecto de Administración 3 quedó oficialmente colgado el viernes, luego que la la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, presidida por Thomas Rivera Schatz, concluyera que la otorgación de licencias de ocupación a las estructuras existentes en la zona, según estipulaba la medida, implicaba el riesgo de “legalizar” y “perpetuar” ocupaciones y expansiones “ilegales” en una de las reservas naturales más sensibles de la isla.

“Estas casetas no son ilegales. Cuando estas casetas se construyen no había ningún impedimento de ley. Es con el advenimiento de la defensa del ambiente, que se viene a hacer más fuerte en los años 70, que entra el Cuerpo de Ingenieros y hace esta salvedad de que tienen que cumplir con ciertas cosas, pero no es que estuvieran ilegalmente construidas”, argumentó Quiles.

El proyecto de administración fue presentado por la gobernadora a solo tres semanas de haberse instalado en La Fortaleza y en medio de una investigación contra sus suegros por supuestas construcciones ilegales en una de sus propiedades en La Parguera. La Cámara de Representantes había avalado -en junio- le propuesta de González, bajo el Proyecto de la Cámara 269, pero la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado rechazó tanto la versión aprobada por el cuerpo hermano -como la que tenían ante su evaluación.

González anticipó que volvería a radicar ambos proyectos.

La propuesta de la mandataria estipulaba la otorgación de licencias de 40 años para la ocupación de las estructuras existentes en el litoral de La Parguera. La legislación era prácticamente una copia de una medida que, en 2016, fue avalada por el Senado y la Cámara de Representantes, antes de recibir el veto de Alejandro García Padilla, en medio de la amplia oposición de sectores ambientales y científicos.

Permitía, entre otras cosas, la reparación de las residencias existentes para que “mantengan la pintoresca y colorida arquitectura que les ha convertido en un atractivo turístico”, y prohibía “llevar a cabo obras de construcción fuera de la huella de ocupación de la estructura”, así como nuevos desarrollos. Igualmente, disponía el cobro de cánones, que serían entre 5% y 10% mayor a los establecidos y cobrados por el DRNA a las marinas y muelles.

En entrevista con este medio, Quiles indicó que el proyecto va dirigido, precisamente, a otorgar concesiones a las personas que mantienen estructuras ubicadas en la zona marítimo terrestre con el fin de que comiencen a pagar un canon de uso. “Es un esfuerzo para poner la casa en ley y orden. Por muchos años han estado ahí y no pagan nada”, dijo.

Sostuvo que dicho esfuerzo “va a ser a lo largo y ancho de Puerto Rico”. “Eventualmente, vamos a poner a todo el mundo a pagar... va a tomar mucho tiempo, pero se va a trabajar poco a poco por diferentes áreas estratégicamente seleccionadas”, apuntó Quiles.

El titular del DRNA señaló que aún no ha conversado con la gobernadora sobre futuros cambios a la legislación, en vías de que tenga viabilidad en la Legislatura. Pero afirmó que es la gobernadora quien determina la política pública. “De nuevo, lo que pasa en La Parguera no es diferente a los que pasa en otros sitios”, apuntó.