El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, afirmó este lunes que no renunciará al cargo, en medio de las constantes denuncias por problemas en el servicio de agua potable y las críticas del alcalde de San Juan, Miguel Romero, contra la alta gerencia de la corporación pública por incumplir con los acuerdos alcanzados en un pleito judicial.

“Estamos en un momento bastante crítico y bastante importante, en términos de lo que es el servicio de agua para todos los residentes que se suplen de Carraízo y de todos los embalses que están en la zona este. Yo creo que el enfoque nuestro, de la Autoridad, es continuar trabajando para poder suplir el servicio de agua a nuestra gente, el poder mantener de manera adecuada y extender lo que es la vida útil de nuestros embalses”, manifestó el jefe de la AAA, al concluir la reunión semanal del Comité de Sequía en La Fortaleza.

¿No se va?, se le preguntó.

“No”, respondió González Delgado.

“Seguimos enfocados en lo que es el trabajo. La gobernadora (Jenniffer González) ha dado, específicamente, unas instrucciones en términos de lo que es el manejo de la emergencia, en términos de lo que son proyectos a nivel de todo Puerto Rico para poder estabilizar el servicio de agua a toda nuestra gente, y nosotros seguimos enfocados en cumplir”, abundó.

Rechazó que la AAA haya incumplido con los acuerdos y condiciones establecidas por el juez Anthony Cuevas, del Tribunal de San Juan, como parte de la demanda presentada por la administración de Romero en reclamo de que mejore el servicio de agua potable para sectores de la capital que llevan meses con interrupciones y bajas presiones.

La semana pasada, el Municipio de San Juan volvió al Tribunal de Primera Instancia contra la AAA luego que la instrumentalidad pública no entregara información sobre la operación del servicio de agua en la capital, pese al acuerdo judicial que existe entre ambas partes.

De acuerdo con Romero, la AAA incumplió con la entrega luego que el juez Cuevas reiterara el deber de la corporación pública de mantener informada, de manera expedita, a la municipalidad sobre cualquier situación que afecte el servicio en San Juan.

“Mi enfoque es poder suplir el agua a nuestra gente... Eso yo creo que es lo más importante en este momento”, insistió González Delgado.

“Eso es el alegato que está levantando él (Romero). Es un proceso legal, y se está trabajando conforme al método legal”, agregó.

La gobernadora no estuvo disponible para la prensa tras la reunión del Comité de Sequía en la Mansión Ejecutiva. En cambio, sirvió de portavoz del grupo el coordinador especial para la Estabilidad del Agua Potable, Carlos Pesquera, quien estuvo acompañado por González Delgado, la secretaria de Estado, Rosachely Rivera, y el director del Servicio Nacional de Meteorología, Ernesto Rodríguez.

Aunque los remanentes de lo que fue la tormenta tropical Dolly no provocaron lluvias significativas, Pesquera anunció que el racionamiento de agua para sectores y barrios de San Juan, Juncos, Carolina, Canóvanas, Gurabo, Trujillo Alto y Loíza, que se sirven de la represa Carraízo, permanece inalterado y no será extendido. “No hay cambios”, enfatizó.

Rodríguez, por su parte, precisó que las lluvias de este fin de semana dejaron una y media pulgada de agua en el área de Carraízo y entre una y dos pulgadas en La Plata.

Sobre La Plata, Pesquera informó que se mantiene fuera del plan de racionamiento de agua por el momento. “Se mantiene con un ajuste de operación en términos de reducción del flujo de agua durante las noches”, sostuvo el ingeniero. “En términos generales, lo que significa esto positivo fue que el área este recibió agua, que hay unos sistemas que dependen del río Blanco y el río Fajardo que se mejoraron”, añadió.

La secretaria de Estado, en tanto, quien coordina la asistencia entre la AAA y los alcaldes de los municipios afectados, dijo que la Junta de Supervisión Fiscal extendió por 21 días el tiempo en que el gobierno puede usar el Fondo de Emergencia para atender los problemas que genera la sequía. No detalló cuánto dinero se ha usado al momento.

Tanto Pesquera como Rivera rechazaron que puedan declarar una emergencia a causa de la sequía para recibir ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés). “En una situación como esta, se depende de fondos del Estado porque la Ley Stafford solicita que el Estado agote todos sus recursos antes de pedir ayuda federal”, explicó Pesquera.

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, quien ha rechazado esa aseveración, ha criticado al gobierno por no solicitar una declaración de desastre mayor al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo que, a su juicio, permitiría liberar recursos esenciales de FEMA.