El recobro de más de $27 millones que instruyó la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), tras emitir – hace dos años– un informe de auditoría señalando irregularidades en contratos en el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), fue referido por el Departamento de Seguridad Pública (DSP) al Departamento de Justicia, para la acción correspondiente.

“Tan pronto llegamos al NMEAD y advinimos en conocimiento del informe del Contralor, confirmamos con el Departamento de Seguridad Pública que se está atendiendo el asunto”, indicó el comisionado del NMEAD, Ángel Jiménez Colón, en declaraciones escritas, a El Nuevo Día.

El equipo de comunicaciones del DSP, a su vez, confirmó que el secretario de la agencia, Arthur Garffer, refirió a Justicia “el asunto relacionado con el recobro de fondos señalado por la Oficina del Contralor”. “El Departamento de Justicia estará a cargo de dar curso a los trámites correspondientes conforme a derecho”, sostiene la comunicación escrita.

Jiménez Colón y Garffer no estuvieron disponibles para entrevistas.

La acción surge luego que este medio publicó que el gobierno ha fallado en recuperar más de $42.1 millones que, según los informes de auditoría de la OCPR, deben ser devueltos a las arcas públicas debido a irregularidades detectadas en contrataciones gubernamentales durante los pasados cinco años.

En esa lista, el NMEAD –que está bajo la sombrilla del DSP– está al tope, con $27,237,370, seguido de la Oficina de Gerencia y Presupuesto ($2,870,023), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura ($2,306,895), el Departamento de Corrección y Rehabilitación ($1,709,431), la Administración de Servicios Médicos ($1,681,841), el Municipio de Barceloneta ($1,468,024) y el Negociado de Telecomunicaciones ($1,031,028).

Al momento de esta edición, Justicia no había respondido a una petición en torno al referido.

El informe de auditoría que recoge los hallazgos en torno al NMEAD fue publicado por el Contralor el 31 de mayo de 2023, y sacó a la luz irregularidades financieras y contractuales en el período del 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2019.

En ese período, el cargo de director ejecutivo fue ocupado por Abner Gómez, Oscar Sotomayor (interino), Ángel Crespo y Miguel Ríos. Luego, como comisionado, fue ocupado por Carlos Acevedo, quien es actualmente el director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias del Municipio de San Juan. Además, fungieron como secretarios del DSP, en distintos períodos, Elmer Román y Héctor Pesquera.

La auditoría detalló pagos ilegales que ascendieron a la suma que la entidad gubernamental, desde entonces, debió recobrar, que incluyeron $27,177,343 en contratos con vigencia retroactiva y $60,027 por servicios prestados sin contrato. La OCPR precisó que la Ley 237-2004 y opiniones del Tribunal Supremo exigen que todo contrato gubernamental se formalice por escrito y antes de la prestación de los servicios, con una vigencia prospectiva.

Sin embargo, un hallazgo señaló que se pagaron $27,164,593 a dos contratistas por servicios facturados y prestados en exceso de la cuantía máxima establecida en sus contratos y enmiendas. Dichas enmiendas, además, tuvieron efecto retroactivo. Los servicios estaban relacionados con la colaboración y administración de los programas de Asistencia Pública y de Subvenciones para Mitigación de Peligros, así como apoyo en los esfuerzos de respuesta y recuperación tras el paso de los huracanes Irma y María (2017).

Según el informe, el importe original de uno de los contratos, otorgado el 22 de septiembre de 2017, era de $800,000 y se utilizó en septiembre y parte de octubre de 2017. No obstante, las enmiendas al contrato le sumaron $33,915,720. El Nuevo Día verificó que dicho contrato fue firmado con DCMC, LLC. Mientras, el importe original de otro contrato, otorgado el 5 de febrero de 2018, era de $188,700 y se utilizó entre febrero y parte de abril de 2018, pero una enmienda le sumó $244,000. Este contrato correspondió a StratTema, LLC.

Para ambos casos, la OCPR planteó que, “al momento en que el contratista sobrepasa la cuantía máxima del contrato, no existe una relación contractual válida, exigible, prospectiva y escrita entre el Negociado y el contratista por la nueva cantidad”.

Además, se identificaron pagos por $65,100 a una agencia de publicidad por servicios no contemplados en el contrato. De este monto, $12,750 correspondieron a servicios prestados relacionados con una campaña publicitaria que no estaba contemplada en el contrato original. La enmienda para pagar estos servicios se otorgó después de que se realizaron los trabajos ajenos al contrato, de forma retroactiva.

Los restantes $52,350 fueron por servicios a medios de comunicación subcontratados por la agencia, que no estaban incluidos en el contrato ni en las enmiendas otorgadas. Tampoco se encontró ningún documento o autorización escrita en la que se solicitaran estos servicios adicionales. Para estos servicios, se otorgó un contrato y seis enmiendas, del 31 de julio de 2017 al 9 de abril de 2019, por $797,759. También, se pagaron $7,677 a un contratista por $41.50 horas de servicios prestados antes del otorgamiento del contrato y sin existir fondos que respaldaran el servicio rendido. El contrato otorgado fue retroactivo.

La causa principal atribuida por la OCPR a estas deficiencias fue que los comisionados en funciones permitieron que los contratistas prestaran servicios antes de que se otorgaran las enmiendas y autorizaran los servicios, por lo que no velaron por que se cumpliera con las disposiciones de ley, sostuvo la OCPR.

Otro hallazgo apuntó a la obtención de servicios publicitarios sin efectuar un proceso de competencia de solicitud de propuestas. A pesar de que la reglamentación sobre el uso de fondos federales establecía la solicitud de propuestas como requisito para la contratación de servicios profesionales y consultivos, el NMEAD otorgó tres enmiendas por $815,425 a una agencia de publicidad sin que se efectuara un proceso de competencia que permitiera obtener y evaluar las propuestas de varios proveedores de dichos servicios.

Estas enmiendas fueron otorgadas del 30 de octubre de 2017 al 8 de mayo de 2019. La OCPR advirtió que la agencia federal que asignó los fondos podía cuestionar su uso y solicitar su reembolso y que, además, se podían afectar futuras asignaciones.

El NMEAD, además, realizó pagos en exceso del 15% de comisión a una agencia de publicidad y otros subcontratistas, ascendiendo a $20,398. El porcentaje de comisión facturado fue desde un 17.65% hasta un 25%, facturados y pagados del 30 de agosto de 2017 al 23 de mayo de 2019. La OCPR concluyó que la causa fue que la funcionaria administrativa I que preintervenía las facturas y la directora de Finanzas desconocían la comisión máxima que debía pagarse.