Siete de los ochos empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) vinculados a la excarcelación irregular del convicto feminicida Hermes Ávila Vázquez no aceptaron la oferta de permanecer en sus puestos a cambio de aceptar una suspensión de seis meses, con la que ya habían cumplido.

El secretario del DCR, Francisco A. Quiñones Rivera, confirmó que estos funcionarios optaron por continuar su proceso ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), en la que impugnan las destituciones que hiciera, en diciembre, la pasada secretaria Ana Escobar Pabón.

“Una de esas ocho empleadas aceptó e incluso comenzó, en el mismo mes de junio, a trabajar en el departamento. Y los otros siete, ya yo anuncié que ese acercamiento ya no estaba disponible. Así que todos ellos tenían una apelación en la CASP. Así que, no es que no tenga la oportunidad de atender el asunto. El asunto de esos otros siete empleados se atenderá en la comisión”, afirmó el titular del DCR, ante preguntas de El Nuevo Día.

A esos fines, el secretario indicó que se asignó la representación de la agencia, en esas apelaciones, al licenciado Rafael Fabre porque no querían “exponer a los compañeros que trabajaron precisamente en la recomendación y los escritos a la secretaria anterior, en términos de la destitución de esos empleados”.

Quiñones Rivera aseguró que los siete empleados que tienen sus apelaciones activas no han trabajado en el DCR desde diciembre. Mientras, destacó que la empleada que optó por regresar a la agencia tenía 30 años de servicio, “sin una mancha en el expediente”.

El jefe del DCR dijo que, previo a hacer la oferta en junio, examinó cada uno de los ocho expedientes y entendió que la propuesta, particularmente en el caso de la funcionaria que se reintegró a sus labores, “era lo justo”.

El 6 de diciembre de 2024, en sus últimos días en el cargo, Escobar anunció la conclusión de la pesquisa administrativa que se llevó a cabo cuando se supo de la irregular liberación de Ávila Vázquez, quien el 21 de abril del año pasado, cuando llevaba justo un año en la libre comunidad, asesinó en Manatí a Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años, lo cual confesó y por lo cual fue sentenciado a 102 años de cárcel. Ávila Vázquez ya cumplía 122 años de cárcel por el asesinato, en 2005, de Celia López García, perpetrado en Cayey.

El caso de Ávila Vázquez, quien fue liberado a la luz de una ley que permite excarcelaciones de reos con condiciones terminales o incapacitantes, captó la atención del país y desembocó en varias pesquisas, incluyendo del Departamento de Justicia y el Senado, ninguna de las cuales, sin embargo, pudo responder la pregunta central de esta controversia: ¿cómo Ávila Vázquez pudo engañar –si ese fue el caso– a médicos y a todo el sistema carcelario para ser liberado como cuadrapléjico cuando podía caminar perfectamente?

La intención de destituir ocho empleados del DCR fue la sanción más fuerte que resultó de la polémica. La gobernadora Jenniffer González citó la liberación de Ávila Vázquez como una de las razones para la cancelación del contrato de Physician Correctional, la empresa privada a cargo de los servicios de salud en las cárceles, cuyos médicos recomendaron la excarcelación del reo.

Quiñones Rivera indicó que, el 1 de julio, el DCR envió una comunicación a la empresa en la que notifican que, en o después de 30 días, cancelarían el contrato, una vez seleccionaran a “un nuevo proveedor de servicios de salud y se realizara una transición ordenada”.

Al momento, la agencia ha recibido 12 propuestas. Aunque estimaron un término de evaluación de 10 días, posteriormente lo extendieron por tres meses y así lo notificaron a las empresas licitadoras.

“Queremos hacer una evaluación exhaustiva de todas esas compañías y no descartamos reclutar un recurso externo que se especializa en ese tema”, sostuvo el secretario, al recordar que también creó un comité de empleados especializados del Departamento para analizar las propuestas y someter sus comentarios.

Sobre el aumento a los oficiales correccionales, que se aprobó en la Ley 91-2022, Quiñones Rivera reafirmó su compromiso con asegurar el aumento de $746.67.

“Decidimos, firmemente, apoyar el aumento de $746.67 mensuales a ese personal, y nosotros tenemos ya programadas unas reuniones con OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto), con la Junta (de Supervisión Fiscal), Así que quiero pasar por ese proceso para poder abundar, pero estamos reconociendo que nuestros oficiales merecen un aumento”, destacó el secretario.

La exigencia de que se cumpliera con la Ley 91-2022, y por las extensas jornadas que deben trabajar, llevó a los oficiales correccionales a ejecutar una protesta mediante ausentismo laboral que alcanzó hasta un 80 por ciento en su punto máximo. Sin embargo, tras el compromiso de Quiñones Rivera, la asistencia de los empleados se normalizó.